Este texto de La Jornada, del 20 de diciembre de 2024, analiza la corrupción dentro del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la reforma propuesta para combatirla. Se destaca la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum y las denuncias del director general Octavio Romero Oropeza.
Resumen:
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatiza la necesidad de establecer responsabilidades administrativas y penales por la corrupción en el Infonavit.
El director general Octavio Romero Oropeza denunció varios esquemas de defraudación que involucran a empleados del Infonavit, notarios, despachos, miembros del Poder Judicial, empresas y peritos valuadores.
Se mencionan tres ejemplos de corrupción: la venta fraudulenta de 1400 viviendas en 21 estados (1200 millones de pesos afectados), una indemnización de 5000 millones de pesos a Telra Realty (50 veces la pérdida real), y pagos de más de 3800 millones de pesos a cuatro despachos por juicios fraudulentos contra 60 mil derechohabientes.
La estructura administrativa anómala del Infonavit, donde el director general carece de poder ejecutivo, ha facilitado la corrupción, permitiendo que los representantes patronales y sindicales bloqueen las investigaciones.
Los representantes de las cúpulas empresariales y del sindicalismo charro reciben salarios excesivos, con bonificaciones de entre 60 y 90 mil pesos por sesión.
La reforma a la Ley del Infonavit busca corregir esta situación, manteniendo la integración tripartita pero evitando que los sectores patronal y sindical bloqueen las acciones del gobierno.
Conclusión:
La reforma al Infonavit es necesaria para combatir la corrupción y asegurar el acceso a la vivienda para los trabajadores.
La oposición a la reforma proviene de quienes se benefician de la corrupción.
La preocupación debería centrarse en la rendición de cuentas de quienes permitieron la corrupción durante décadas, no en obstaculizar la limpieza del Infonavit.
