Rank Columnas | Mail o Telegram

Este texto analiza la reforma constitucional al artículo 19 en México, referente a la prisión preventiva oficiosa, discutiendo sus implicaciones y la necesidad de su aplicación responsable para evitar violaciones a los derechos humanos. El autor argumenta que si bien la medida busca combatir la impunidad, no es una solución definitiva a los problemas de inseguridad.

Resumen:

• La prisión preventiva es una medida cautelar que busca asegurar la presencia del acusado, proteger a víctimas y testigos, y evitar la obstrucción de la justicia. Su imposición debe ser idónea y proporcional, considerándose como último recurso.
• La reforma constitucional de 2024 al artículo 19 amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, incluyendo la extorsión, delitos relacionados con el fentanilo y otras drogas sintéticas, contrabando y uso de comprobantes fiscales falsos.
• La reforma busca desincentivar la comisión de estos delitos, pero su aplicación debe ser cuidadosa para prevenir violaciones a los derechos humanos. La presunción de inocencia debe respetarse en todo momento.
• La aplicación efectiva de la ley requiere investigaciones sólidas que esclarezcan los hechos y deslinden responsabilidades, respetando las garantías procesales y los derechos humanos de los imputados.
• La prisión preventiva oficiosa es un paso en la lucha contra la delincuencia, pero no es una solución completa a los problemas de inseguridad y justicia.

Conclusión:

• La reforma a la prisión preventiva oficiosa es una herramienta importante en la lucha contra la delincuencia, pero su implementación debe ser cuidadosa y respetuosa de los derechos humanos.
• Se necesitan investigaciones sólidas y un sistema judicial eficiente para garantizar la justicia y combatir la impunidad.
• La prisión preventiva oficiosa no es una solución mágica para la inseguridad, sino una herramienta que debe utilizarse de manera estratégica y responsable.
• El autor, LIC. ANTONIO HOLGUIN ACOSTA, vicepresidente de Herlado Media Group y Grupo Andrade, plantea la necesidad de un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos.