Este texto de Maite Azuela, escrito el 19 de Diciembre de 2024, analiza la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso González Méndez y otros vs. México, centrándose en la implicación del ejército mexicano en violaciones a los derechos humanos y la falta de respuesta del gobierno mexicano ante estas condenas internacionales.
Resumen:
La Corte IDH condenó a México por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, un indígena maya ch’ol y miembro de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ocurrida en 1999 en Chiapas.
La condena también incluye las afectaciones a la esposa e hijos de González Méndez.
La sentencia destaca la participación directa o indirecta del ejército mexicano en la desaparición forzada, vinculándolo con el financiamiento y entrenamiento de grupos paramilitares en Chiapas para reprimir al EZLN.
El caso se suma a otros como Radilla Pacheco (Guerrero), Alvarado Espinoza (Chihuahua), Rosendo Cantú, Fernández Ortega, Cabrera García y Montiel Flores, donde también se evidencia la participación del ejército mexicano en violaciones a los derechos humanos.
De 13 casos en los que la Corte IDH ha condenado a México, al menos 6 involucran a militares.
La autora critica la falta de respuesta del gobierno mexicano, particularmente de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la sentencia y la falta de importancia que se le da a la desaparición forzada de un indígena.
Se cuestiona la actitud del gobierno ante las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH, incluyendo un registro único y actualizado de personas desaparecidas. Se menciona la reacción anterior de Adán Augusto quien menospreció a la Corte IDH.
Conclusión:
La sentencia de la Corte IDH revela un patrón de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército mexicano a lo largo de su historia.
La falta de reacción del gobierno mexicano ante estas condenas internacionales demuestra una falta de compromiso con la justicia y la reparación a las víctimas.
La autora expresa preocupación por la falta de importancia que se le da a la sentencia, especialmente considerando la implicación de grupos paramilitares respaldados por el ejército y la afectación a la población indígena.
Se plantea la incertidumbre sobre la respuesta del gobierno a las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH.
