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Este texto de Luis Carlos Ugalde, publicado el 18 de diciembre de 2024 en Reforma, analiza las consecuencias del drástico recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección judicial de 2025. Ugalde, experto en temas electorales y ex presidente del Instituto Federal Electoral, argumenta que este recorte compromete la legitimidad y la calidad del proceso electoral.

Resumen:

• El recorte presupuestal al INE, de 13 mil millones de pesos solicitados a solo 4 mil millones asignados, es el más grande en la historia del instituto.
• El gobierno justifica el recorte argumentando que la elección de 2024 costó menos, ignorando el incremento significativo en el número de cargos a elegir en 2025 (881 contra 629).
• La propuesta del ministro González Alcántara de reducir el alcance de la elección judicial para abaratar costos fue ignorada.
• La falta de recursos limitará la promoción de candidaturas, favoreciendo a los candidatos más ricos que pueden financiar sus campañas personalmente.
• La fiscalización de las más de 5 mil campañas se verá severamente afectada, incrementando el riesgo de financiamiento ilegal, incluso por parte del crimen organizado.
• Se reducirá el número de casillas de votación (de 172 mil a 80 mil), dificultando el acceso al voto, especialmente en zonas urbanas, y disminuyendo la participación ciudadana (se estima una asistencia inferior al 10%).
• La calidad del material electoral (boletas) se verá comprometida, aumentando el riesgo de fraude.
• La capacitación de funcionarios de casilla será insuficiente, afectando la transparencia del proceso.
• El resultado será una elección con baja participación, poca transparencia y con un alto riesgo de manipulación, donde los ganadores serán en gran medida producto de la movilización partidista, principalmente de Morena.
• El gobierno culpará al INE y al Poder Judicial por el fracaso electoral, utilizando esto como pretexto para impulsar una reforma electoral.

Conclusión:

• El recorte presupuestal al INE es una decisión política que prioriza la sustitución de jueces y magistrados por encima de la calidad democrática del proceso electoral.
• La elección judicial de 2025 estará marcada por la falta de transparencia, la baja participación ciudadana y un alto riesgo de irregularidades.
• El gobierno utilizará el resultado de esta elección como justificación para futuras reformas electorales, apuntando a debilitar aún más al INE.
• La decisión del gobierno refleja una falta de compromiso con la democracia y el estado de derecho en México.