Este texto, escrito por Enrique Sumuano, Contralor Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 18 de Diciembre de 2024, analiza la necesidad de una reforma en la disciplina judicial mexicana para recuperar la confianza ciudadana. El autor argumenta que la justicia debe ir más allá de la simple imposición de sanciones y enfocarse en la legitimidad y la humanización del sistema.
Resumen:
La disciplina judicial debe ir más allá de la sanción, debiendo reforzar la vigilancia y auditoría institucional para prevenir futuras irregularidades.
La falta de confianza ciudadana en el Poder Judicial es un problema grave que requiere atención inmediata.
Se necesita un trabajo institucional conjunto entre el gobierno, las fiscalías (mejor capacitadas y con mayor apoyo técnico y científico), y la creación de leyes claras y precisas.
Los juzgados y tribunales deben ser imparciales y tener una visión integral de la realidad en sus fallos, buscando la aceptación social y la conformidad de las partes.
Las sentencias deben establecer precedentes que guíen el comportamiento social y eviten abusos en materia civil, familiar y laboral.
Se deben evitar resoluciones con tecnicismos excesivos y alejadas de la realidad cotidiana, especialmente en materia administrativa, fiscal y penal.
La disciplina judicial es clave para legitimar la función judicial, respetando los derechos humanos y humanizando la justicia.
La rendición de cuentas debe ir más allá de las estadísticas, demostrando la protección y progresividad de los derechos humanos de la sociedad mexicana.
Conclusión:
La reforma del sistema de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas en el Poder Judicial es crucial.
Se requiere un cambio de enfoque en la impartición de justicia, priorizando la legitimidad, la transparencia y la confianza ciudadana.
La humanización de la justicia y el respeto a los derechos humanos son elementos fundamentales para lograr una reforma efectiva.
El objetivo final es recuperar la confianza de los ciudadanos en los órganos jurisdiccionales de México.
