Este texto analiza el impacto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), considerando su próxima extinción y la transferencia de sus funciones a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El texto también destaca la importancia de una transición ordenada que garantice el acceso a la información.
Resumen
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, aprobado por la Cámara de Diputados, contempla un gasto de 9.3 billones de pesos, mostrando reducciones significativas en salud, seguridad y medio ambiente.
El INAI recibió una asignación de 499 millones 990 mil 582 pesos, solo el 49% de lo solicitado, suficiente para operar durante aproximadamente 180 días.
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La asignación presupuestal para el INAI solo cubre la liquidación de servidores públicos y el mantenimiento de operaciones a corto plazo, dejando la situación del personal después de seis meses incierta.
La Plataforma Nacional de Transparencia, a pesar de los numerosos intentos de ciberataques, se mantiene segura gracias a una inversión anual de 14 millones de pesos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, receptora de las funciones del INAI, cuenta con un presupuesto de 1,699,025,258 pesos para 2025, un aumento marginal respecto al presupuesto de la Secretaría de la Función Pública en 2024, pero significativamente menor al presupuesto modificado de esta última.
La transición requiere una ampliación presupuestal para la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para asumir las funciones del INAI de manera efectiva.
El texto plantea interrogantes sobre los mecanismos para solicitar información y presentar quejas tras la extinción del INAI, enfatizando la importancia de mantener la eficiencia y la experiencia acumulada durante 22 años.
Julietadelrioinai, en su calidad de comisionada nacional, hace un llamado a una transición clara, ordenada y que priorice el acceso a la información y la protección de datos personales en México.
Conclusión
La reducción presupuestal para el INAI genera incertidumbre sobre la continuidad de sus servicios y el futuro de su personal.
La transición de funciones al Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno requiere una planificación cuidadosa y una asignación presupuestal adecuada.
Es crucial garantizar la continuidad del acceso a la información y la protección de datos personales en México, respetando los derechos humanos y la experiencia del INAI.
Se necesita un diálogo abierto y transparente para asegurar una transición exitosa que priorice el interés público.
