Este texto de Fernando Hernandez Marquina, escrito el 16 de diciembre de 2024, analiza críticamente la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2025 en México. El autor argumenta que la aprobación se realizó sin un análisis adecuado y con numerosos errores, resultando en recortes significativos a sectores cruciales. Además, critica la priorización de intereses personales de figuras políticas sobre las necesidades de la población.
Resumen:
El PEF 2025 fue aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2024 sin una evaluación exhaustiva.
Se detectaron numerosos errores en el proyecto, algunos corregidos, otros ignorados.
El presupuesto presenta recortes significativos en áreas como Seguridad Pública (-42.9%), Salud (-12.2%), Transporte (-8.1%), Ciencia, Tecnología e Innovación (-7.4%) y Educación (-0.6%).
El recorte al sector salud asciende a 81.3 mil millones de pesos.
Otros recortes importantes se observan en Policía (-53.8%), Transporte por carretera (-42.5%), Abastecimiento de agua (-29.5%), Turismo (-27.4%) y Educación Superior (-7.5%).
El gobierno prioriza el gasto en subsidios y proyectos faraónicos.
La discusión entre el senador Adán Augusto López y el diputado Ricardo Monreal por 123 millones de pesos para el Senado de la República eclipsó la gravedad de los recortes en sectores vitales.
Se critica una reforma que permite el uso de recursos del Infonavit, destinados a la vivienda, lo cual se considera una amenaza a los ahorros de los trabajadores.
El autor cuestiona la falta de oposición ciudadana y la pasividad de los servidores públicos ante estas decisiones.
Conclusión:
La aprobación del PEF 2025 refleja una falta de transparencia y responsabilidad por parte de los legisladores.
Los recortes presupuestales impactarán negativamente el bienestar social en México.
La priorización de intereses políticos sobre las necesidades de la población es una grave preocupación.
Se hace un llamado a la ciudadanía y a la oposición para exigir una mayor rendición de cuentas y una mejor gestión de los recursos públicos.
La falta de defensa de los intereses ciudadanos por parte de los servidores públicos es criticada.
