Este texto de Jaime Rivera Velázquez, escrito el 15 de Diciembre de 2024, analiza las consecuencias del severo recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados al INE (Instituto Nacional Electoral) para la elección de ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces. El autor argumenta que este recorte pone en riesgo la eficiencia, equidad y confiabilidad del proceso electoral.
Resumen:
El INE solicitó 13 mil 255 millones de pesos para las elecciones judiciales, pero recibió un recorte de 13 mil 476 millones, dejando solo 4 mil 350 millones. Este es el recorte más grande en la historia del IFE e INE.
La elección de más de 850 cargos judiciales, con más de 5 mil candidaturas, presenta retos normativos, operativos y técnicos casi insalvables, agravados por la falta de tiempo y recursos.
La falta de correspondencia entre las demarcaciones electorales y judiciales genera problemas en la organización geográfica de la votación, afectando los principios de igualdad ciudadana y derecho a votar. Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León enfrentan desafíos particulares debido a la alta concentración de juzgadores.
El recorte imposibilita la contratación de la cantidad necesaria de funcionarios de casilla (aproximadamente 1 millón), lo que resultará en menos casillas, largas filas, menor participación ciudadana y un proceso de votación más lento.
La impresión de aproximadamente 600 millones de boletas con listas extensas de candidatos, en lugar de los emblemas de partidos, generará boletas más grandes o con letra pequeña, problemas de seguridad y un aumento en los votos anulados. El conteo de votos se dificultará considerablemente.
Las dificultades se duplicarán en los estados con elecciones judiciales locales, aumentando la probabilidad de un colapso en la jornada electoral.
Conclusión:
El recorte presupuestal al INE es desproporcionado y pone en grave riesgo la organización de las elecciones judiciales.
La eficiencia, equidad y confiabilidad del proceso electoral se verán seriamente comprometidas.
Se cuestiona la responsabilidad por las consecuencias negativas del recorte.
