El texto de la Columna Invitada del 13 de Diciembre de 2024 analiza el impacto de la reforma al artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal de México, en relación con la prisión preventiva oficiosa por delitos relacionados con comprobantes fiscales falsos. Se centra en el riesgo que corren los ciudadanos comunes que, sin intención delictiva, podrían verse afectados por esta medida.
Resumen:
Un ciudadano recibe un comprobante fiscal digital de su médico por servicios prestados.
La autoridad fiscalizadora cuestiona los pagos al médico por falta de documentación adicional a los comprobantes fiscales.
La autoridad presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posible comisión del delito del artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación. Este artículo castiga con 2 a 9 años de prisión la adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.
La reforma al artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal incluye "cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales" como delito que amerita prisión preventiva oficiosa.
Incluso si el servicio médico existió y se puede probar con correos electrónicos y mensajes de texto, la persona podría ser recluida en prisión preventiva mientras se investiga.
La prisión preventiva oficiosa se aplica automáticamente, sin considerar el peligro de fuga o la protección de víctimas o testigos.
El autor argumenta que esta medida viola el principio de presunción de inocencia.
El 40% de las personas recluidas en centros penitenciarios de México están en prisión preventiva, una cifra en aumento.
El uso indiscriminado de la prisión preventiva oficiosa ha generado condenas internacionales a México.
Conclusión:
La reforma legal expande el alcance de la prisión preventiva oficiosa, poniendo en riesgo a ciudadanos comunes.
La prisión preventiva oficiosa es una medida altamente cuestionable desde el punto de vista de los derechos humanos.
El autor, Alejandro Díaz de León, Coordinador Regional de Capítulos de la Zona Centro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., alerta sobre el peligro de esta medida y su impacto en la justicia mexicana.
Se necesita una revisión urgente de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México para evitar abusos y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
