Este texto de Adrian Rueda, del 11 de Diciembre de 2024, analiza la fallida elección de la nueva fiscal de Justicia de la Ciudad de México, destacando las disputas internas y las presiones políticas que rodean el proceso. El autor describe la compleja situación y las implicaciones políticas de la decisión.
Resumen:
La elección de la nueva fiscal de Justicia de la Ciudad de México para reemplazar a Ulises Lara (cuñado de Martí Batres) fracasó en el Consejo Judicial Ciudadano.
Bertha Alcalde Luján, considerada la favorita del oficialismo, solo obtuvo seis de los diez votos necesarios, debido a la oposición de algunos consejeros.
Anaid Valero y Ulrich Richter lograron dividir la votación, impidiendo el consenso incluso después de tres votaciones.
La consejera Bárbara Yllán propuso votar por una terna en lugar de un candidato único, pero tampoco se llegó a un acuerdo.
El Consejo Judicial Ciudadano decretó un receso para buscar un consenso, lo que el autor interpreta como una búsqueda de instrucciones políticas.
Se especula sobre la influencia de "fuerzas oscuras" dentro de Morena que intentan bloquear la elección de Alcalde Luján.
El texto menciona que este no es el primer aplazamiento, ya que anteriormente se pospuso la decisión debido al embarazo de Alcalde Luján.
El autor destaca los jaloneos internos en la 4T y el uso del cargo de fiscal como instrumento de control político, citando ejemplos de la administración pasada con Ernestina Godoy.
Se mencionan casos como la persecución al expriista Adrián Rubalcava y a panistas por el presunto "Cártel Inmobiliario" en Benito Juárez.
El texto finaliza con una crítica a la Secretaría de Gobierno y a Arnulfo Cravioto por la falta de gestión en las protestas ciudadanas que bloquean las vías de la Ciudad de México.
Conclusión:
La elección de la fiscal de Justicia de la Ciudad de México está plagada de conflictos políticos e intereses encontrados.
La falta de autonomía del Consejo Judicial Ciudadano es evidente.
La decisión final sobre la fiscalía parece estar sujeta a presiones políticas internas dentro de Morena y la 4T.
La gestión de las protestas ciudadanas por parte de la Secretaría de Gobierno es deficiente.
