Este texto de Clara Luz Álvarez, publicado el 11 de diciembre de 2024 en Reforma, analiza la inminente extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), prevista por la reforma constitucional de simplificación administrativa aprobada en noviembre de 2024. La autora critica la falta de evaluación del IFT antes de su desaparición y la contradicción entre la jerarquía constitucional y la ley que regulará su extinción. También destaca la drástica reducción presupuestal propuesta para el IFT, que pone en riesgo su operatividad hasta la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDyT).
Resumen:
Se cuestiona la extinción del IFT y la COFECE, órganos constitucionales autónomos (OCA) creados en 2013 para sustituir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la extinta Comisión Federal de Competencia. Estos organismos eran presididos por Javier Juárez y Andrea Marván, respectivamente.
La reforma constitucional, aprobada en noviembre de 2024, establece la extinción del IFT y la COFECE 180 días después de la entrada en vigor de las nuevas leyes de telecomunicaciones y radiodifusión.
Se propone una reducción presupuestal del IFT superior al 70%, dejando al organismo con 500 millones de pesos en 2025, en lugar de los 1,680 millones de pesos del presupuesto de 2024. Esta reducción es impulsada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por la diputada Merilyn Gómez Pozos.
La autora argumenta que esta reducción es insuficiente para mantener la operatividad del IFT durante los 180 días previos a su extinción, considerando los costos de personal y otros gastos operativos. Se estima que se necesitarían al menos 783 millones de pesos.
La reforma constitucional establece el traspaso de recursos humanos del IFT a la ATDyT y la Secretaría de Economía (SE), dirigida por Marcelo Ebrard, pero no contempla los costos de posibles indemnizaciones por terminación de contratos laborales.
Se critica la falta de previsión en el PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) para cubrir los pasivos laborales que se generarían por la extinción del IFT.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDyT), dirigida por José Merino, asumirá las funciones del IFT a partir del 1 de enero de 2025.
Conclusión:
La extinción del IFT carece de una evaluación objetiva de su desempeño.
La drástica reducción presupuestal pone en riesgo la operatividad del IFT antes de su extinción.
La reforma no contempla adecuadamente los costos laborales asociados a la transición.
Se perderá el talento y la experiencia acumulada en el IFT.
La decisión parece políticamente motivada, sin considerar las implicaciones prácticas y financieras.
