Este texto de Denise Maerker, publicado el 11 de diciembre de 2024, critica la opacidad del gobierno mexicano en la divulgación de información crucial para la salud pública y el bienestar social, utilizando ejemplos concretos para ilustrar su argumento. Se centra en la falta de transparencia como un problema que afecta la toma de decisiones informadas por parte de la ciudadanía.
Resumen:
Se oculta la ubicación de hospitales en el Estado de México, Michoacán y Guanajuato afectados por un brote de bacteria resistente a antibióticos que ha matado a 17 personas, 16 de ellas niños prematuros. La fuente del brote se ha identificado como lotes de alimento para prematuros, pero la información sobre los hospitales afectados se mantiene reservada.
Se critica la integración del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) al Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), argumentando que esto debilita la capacidad de generar análisis independientes sobre la pobreza y la efectividad de los programas sociales. Se menciona como ejemplo la disminución de la pobreza, pero el aumento en la carencia de servicios de salud entre 2018 y 2022, según un reporte del Coneval.
Se denuncia la falta de publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones, a pesar de que se anunció su conclusión hace tiempo. Se cuestiona si la omisión se debe a razones políticas o metodológicas.
Se argumenta que la falta de transparencia del gobierno en la divulgación de información atenta contra el derecho a saber de la ciudadanía, permitiendo que las autoridades manejen la información según su conveniencia, influyendo en la percepción pública de sus políticas.
Conclusión:
La falta de transparencia gubernamental en México impide a la ciudadanía tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar.
La integración del Coneval al Inegi representa una pérdida de un mecanismo independiente de evaluación de políticas públicas.
La falta de publicación de datos relevantes, como los de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones, genera desconfianza y limita el debate público.
Es necesario exigir mayor transparencia y acceso a la información por parte del gobierno para garantizar el derecho a saber de la ciudadanía.
