Este texto de Víctor Piz, escrito el 11 de diciembre de 2024, analiza el impacto económico de la violencia y el crimen en México, basándose en datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), ambas del INEGI. El texto cuantifica las pérdidas económicas para empresas y hogares, y destaca la alta tasa de impunidad.
Resumen:
El costo total de la inseguridad y el delito en unidades económicas del sector privado en 2023 fue de 124.3 mil millones de pesos (0.51% del PIB).
Las medidas preventivas representaron 67.2 mil millones de pesos (54% del costo total).
El costo promedio del delito por unidad económica fue de 54 mil 451 pesos. Guanajuato (82 mil 915 pesos) y Sinaloa (78 mil 371 pesos) registraron los costos más altos. Ciudad de México y Estado de México superaron el promedio nacional.
Las unidades económicas del sector manufacturero y las de gran tamaño tuvieron los costos más elevados. El costo promedio en manufactura fue de 98 mil 654 pesos, mientras que en empresas grandes fue de un millón 367 mil 366 pesos.
El costo del delito para las microempresas aumentó un 17.7% entre 2021 y 2023, alcanzando los 32 mil 380 pesos en promedio.
1.3 millones de establecimientos (27.2% del total) fueron víctimas de algún delito en 2023, con una tasa de 2.2 delitos por unidad económica víctima.
De los 2.9 millones de delitos, 747 mil fueron extorsiones (25.7%), de los cuales en 113 mil se exigió pago por parte del crimen organizado. En el 67% de los casos de extorsión se entregó lo solicitado.
El 90.3% de los delitos quedaron en la impunidad.
El costo total de la inseguridad y el delito en hogares en 2023 fue de 282 mil millones de pesos (1.15% del PIB).
El costo total combinado para empresas y hogares representó el 1.66% del PIB.
Conclusión:
La inseguridad y la delincuencia en México tienen un alto costo económico para empresas y hogares, representando una significativa porción del PIB.
La extorsión es un delito particularmente preocupante, con una alta tasa de cumplimiento de las demandas por parte de las víctimas.
La alta tasa de impunidad contribuye a la persistencia del problema.
Se necesita una mayor inversión en medidas preventivas y una mejora en la eficacia del sistema de justicia para reducir el impacto económico y social de la violencia y el crimen.
