Este texto de Alberto Aguirre, fechado el 11 de diciembre de 2024, expone dos temas principales: la contratación de un funcionario del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como consultor político para aspirantes a cargos judiciales y las denuncias de fraude cibernético contra AlquimiaPay. Ambos temas se presentan como noticias de actualidad con implicaciones éticas y legales.
Resumen:
Un mando medio del área de comunicación social del Consejo de la Judicatura Federal, Alejandro Michelle Galván Castro, ofrece servicios de consultoría política a aspirantes a jueces, magistrados y ministros por 70,000 pesos.
Galván Castro utiliza su experiencia en mercadotecnia y comunicación, adquirida en instituciones como la Universidad Internacional (UIC) y el CECC, y en su trayectoria en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, la Cámara de Diputados, y el Poder Judicial de la Federación.
La consultoría se realiza fuera del horario laboral y sin usar recursos públicos.
La organización ciudadana Veritas Vox ofrece un curso de capacitación para candidatos a cargos judiciales a un costo significativamente menor que el cobrado por Galván Castro.
El plazo para la primera depuración de las listas de aspirantes a los cargos judiciales vence en cinco días, y las campañas electorales comenzarán el 12 de febrero.
Se denuncian presuntos fraudes cibernéticos por más de 800 millones de pesos por parte de AlquimiaPay, afectando a numerosos usuarios. Las víctimas han realizado manifestaciones frente a la Condusef.
Se mencionan varias empresas involucradas, incluyendo Bankaool, ASP Integra Opciones, Pagofon, Financiera Mas, Sofom Rami y Leap Financial.
AlquimiaPay ha ofrecido convenios de pago a algunos clientes afectados, pero las denuncias continúan. Los afectados se refieren a los responsables como "Mata Fintechs".
Conclusión:
El caso de Galván Castro plantea interrogantes sobre la ética y la transparencia en el Poder Judicial de la Federación.
El fraude de AlquimiaPay revela la vulnerabilidad de los usuarios de servicios financieros digitales y la necesidad de mayor regulación y protección al consumidor.
Ambos casos destacan la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de investigar a fondo las denuncias presentadas.
La diferencia de costos entre los servicios de Galván Castro y Veritas Vox resalta la disparidad en el acceso a recursos para campañas políticas.
