¿Diplomas para juzgadores?

Este texto de Alberto Aguirre, fechado el 11 de diciembre de 2024, expone dos temas principales: la contratación de un funcionario del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como consultor político para aspirantes a cargos judiciales y las denuncias de fraude cibernético contra AlquimiaPay. Ambos temas se presentan como noticias de actualidad con implicaciones éticas y legales.

Resumen:

• Un mando medio del área de comunicación social del Consejo de la Judicatura Federal, Alejandro Michelle Galván Castro, ofrece servicios de consultoría política a aspirantes a jueces, magistrados y ministros por 70,000 pesos.
• Galván Castro utiliza su experiencia en mercadotecnia y comunicación, adquirida en instituciones como la Universidad Internacional (UIC) y el CECC, y en su trayectoria en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, la Cámara de Diputados, y el Poder Judicial de la Federación.

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• La consultoría se realiza fuera del horario laboral y sin usar recursos públicos.
• La organización ciudadana Veritas Vox ofrece un curso de capacitación para candidatos a cargos judiciales a un costo significativamente menor que el cobrado por Galván Castro.
• El plazo para la primera depuración de las listas de aspirantes a los cargos judiciales vence en cinco días, y las campañas electorales comenzarán el 12 de febrero.
• Se denuncian presuntos fraudes cibernéticos por más de 800 millones de pesos por parte de AlquimiaPay, afectando a numerosos usuarios. Las víctimas han realizado manifestaciones frente a la Condusef.
• Se mencionan varias empresas involucradas, incluyendo Bankaool, ASP Integra Opciones, Pagofon, Financiera Mas, Sofom Rami y Leap Financial.
• AlquimiaPay ha ofrecido convenios de pago a algunos clientes afectados, pero las denuncias continúan. Los afectados se refieren a los responsables como "Mata Fintechs".

Conclusión:

• El caso de Galván Castro plantea interrogantes sobre la ética y la transparencia en el Poder Judicial de la Federación.
• El fraude de AlquimiaPay revela la vulnerabilidad de los usuarios de servicios financieros digitales y la necesidad de mayor regulación y protección al consumidor.
• Ambos casos destacan la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de investigar a fondo las denuncias presentadas.
• La diferencia de costos entre los servicios de Galván Castro y Veritas Vox resalta la disparidad en el acceso a recursos para campañas políticas.