Este texto analiza la grave crisis de infraestructura de almacenamiento de combustibles en México, comparándola con la situación de otros países y destacando las consecuencias económicas y sociales de esta deficiencia, así como las barreras para la colaboración público-privada en la solución del problema.
Resumen:
México tiene una capacidad de almacenamiento de combustibles de entre 2.5 y 5 días de consumo nacional, muy inferior a la de países como Alemania, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Japón y Perú.
La falta de almacenamiento incrementa la volatilidad de precios, afecta a empresas y consumidores, y limita la capacidad de aprovechar precios internacionales favorables.
La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que México tiene menos de 5 días de capacidad de almacenamiento.
La Secretaría de Energía (Sener) reporta que algunas regiones de México solo cuentan con 20 minutos de almacenamiento.
La iniciativa privada ha invertido entre 250 mil y más de 20 millones de dólares en proyectos de expansión de la infraestructura, pero la falta de colaboración del gobierno desde 2019 ha detenido proyectos clave.
Un análisis de Bloomberg señala que la falta de reservas estratégicas incrementa la volatilidad de los precios de los combustibles.
Datos de la CRE y la Sener indican que una interrupción en las importaciones afectaría el suministro nacional en menos de una semana.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reporta retrasos regulatorios y falta de incentivos que detienen proyectos de almacenamiento.
Existen proyectos con permisos y capital asegurado, listos para construirse, que podrían solucionarse rápidamente con la colaboración público-privada.
Un proyecto de terminal de almacenamiento de más de 600 mil barriles puede tardar hasta 36 meses en comenzar su construcción, principalmente por la obtención de permisos federales.
Conclusión:
La falta de almacenamiento de combustibles en México representa un grave riesgo para la seguridad energética, la economía y la sociedad.
La colaboración público-privada es crucial para solucionar la crisis.
Se deben establecer marcos regulatorios claros e incentivos para atraer inversión privada y reactivar proyectos detenidos.
México debe aprender de las experiencias internacionales y adoptar una visión conjunta para garantizar un suministro energético seguro, eficiente y competitivo.
