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Este texto de Diana N. Ronquillo, escrito el 11 de Diciembre de 2024, analiza las implicaciones de la reforma constitucional que elimina los órganos constitucionales autónomos en México, particularmente en el sector de las telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Se centra en la necesidad de una nueva regulación para los servicios de acceso a contenidos audiovisuales, considerando el desequilibrio existente entre la televisión tradicional y las plataformas de streaming.

Resumen:

• La reforma constitucional ha generado la necesidad de un nuevo esquema regulatorio en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.
• Existe un desequilibrio regulatorio entre la televisión (abierta y restringida) y las plataformas de streaming, con estas últimas teniendo una regulación mucho menos estricta.
• La publicidad en las plataformas de streaming es excesiva y afecta la experiencia del usuario, a diferencia de la regulación más estricta para la televisión, que limita la cantidad de publicidad. Se cita un estudio de The Competitive Intelligence Unit (César Aguilla, Xataka México, 21 de abril de 2024) como ejemplo.
• Este desequilibrio afecta tanto a los usuarios (interrumpiendo la experiencia de visualización y convirtiendo la visualización sin publicidad en un lujo) como a la competencia, ya que las plataformas de streaming tienen un modelo de negocio más ventajoso.
• Se propone que la nueva legislación secundaria debe equilibrar la regulación entre la televisión y las plataformas de streaming, eliminando las diferencias injustificadas.

Conclusión:

• La nueva legislación secundaria debe aprovechar la oportunidad para corregir las deficiencias del marco jurídico anterior.
• Se debe lograr un equilibrio regulatorio justo entre la televisión y las plataformas de streaming, considerando las necesidades de los usuarios y la competencia en el mercado.
• La regulación debe abordar el problema del exceso de publicidad en las plataformas de streaming, buscando una experiencia de usuario más equitativa.
• El objetivo es crear un marco regulatorio que promueva la competencia justa y proteja los derechos de los usuarios.