Presupuesto a seguridad

El texto de María Doris Hernández Ochoa, fechado el 8 de noviembre de 2025, aborda la controversia generada por la reducción del presupuesto federal destinado a la seguridad pública en México. La autora critica la decisión, argumentando que debilita la capacidad del gobierno para proteger a la ciudadanía y prevenir el delito.

La reducción del presupuesto de seguridad pública es de aproximadamente 10 mil millones de pesos, representando un 7% real en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

📝 Puntos clave

• La aprobación del presupuesto de egresos de la Federación generó una fuerte discusión en el Congreso, especialmente en lo que respecta a la reducción del presupuesto para seguridad pública.
• La reducción presupuestaria, que asciende a aproximadamente 10 mil millones de pesos, debilita la capacidad de las dependencias encargadas de la seguridad pública para proteger a la ciudadanía.

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• Expertos en seguridad advierten que no se deben aplicar reducciones en este rubro, ya que la falta de seguridad afecta tanto a la sociedad en general como a las empresas vulnerables.
• La autora cuestiona la lógica de debilitar la seguridad pública cuando la falta de ella es una preocupación generalizada.
• La situación podría llevar a la sociedad mexicana a procurar su propia protección, como se observa en otros países.
• Se mencionan ejemplos de autodefensas y madres buscadoras en México como consecuencia de la falta de seguridad.
• Se menciona el incendio en el estado de Sonora como ejemplo de negligencia y posible corrupción en materia de seguridad.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La reducción del presupuesto destinado a la seguridad pública, ya que esto debilita la capacidad del gobierno para proteger a la ciudadanía y prevenir el delito, lo que podría llevar a la sociedad a buscar su propia protección.

¿Cuál es el aspecto más positivo, o la reflexión más valiosa, que se puede extraer del texto?

La necesidad de priorizar la seguridad pública y asignar un presupuesto adecuado que permita contratar expertos, establecer la infraestructura necesaria y garantizar la protección de todos los ciudadanos, independientemente de su nivel jerárquico.