Este texto de Héctor De Mauleón, escrito el 4 de noviembre de 2024, expone la profunda corrupción y el descontrol imperantes en el penal de Atlacholoaya, en Morelos. Se detalla la falta de seguridad, la impunidad de los funcionarios y la influencia del crimen organizado dentro del centro penitenciario.
Resumen:
Durante un fin de semana, de casi 3,000 visitas familiares al penal de Atlacholoaya, 2,037 no tenían folio de identificación, pagando 250 pesos a personal de seguridad sin registro. La mayoría de las cámaras de seguridad estaban inoperativas.
Se detectó el ingreso de personas con antecedentes penales, desde donde se dirigen operaciones de grupos delictivos organizados en el estado.
En un operativo del nuevo secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Urrutia, se encontraron más de tres kilos de marihuana de diferentes tipos ocultos en una celda del Módulo de Visita Íntima.
Un motín en octubre de 2024 reveló el uso de más de 50 teléfonos celulares por los internos para denunciar corrupción y abuso por parte del director operativo, Jesús Francisco Flores Jiménez.
La renta de teléfonos celulares a los internos generaba tres millones de pesos mensuales para los funcionarios penitenciarios, facilitando la extorsión y las operaciones del crimen organizado.
El penal de Atlacholoaya ha operado con impunidad durante 25 años, beneficiando a gobiernos de diferentes partidos políticos. La Comisión de Derechos Humanos (CNDH), bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra, otorgó una calificación positiva al penal a pesar de las irregularidades.
El control de las tiendas de abarrotes generaba un millón de pesos mensuales en ganancias ilícitas para los funcionarios durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco. Se cobraba a los internos por protección, visitas íntimas, cambios de celda, etc. Incluso se les rentaban artículos electrónicos de lujo.
Se documentó la trata de personas dentro del penal, con la entrada de sexoservidoras por 1,000 pesos. La Comisión de Derechos Humanos de Morelos, a través de Israel Hernández Cruz, denunció la complicidad y corrupción de las autoridades penitenciarias.
Cuauhtémoc Blanco ignoró las denuncias de corrupción, permitiendo que grupos delictivos controlaran el penal.
En octubre de 2019, un grupo de internos asesinó a Raymundo Castro Salgado, "El Ray", líder del Cártel Jalisco en Morelos, con la presunta complicidad de las autoridades. Israel Ponce de León, señalado como el principal responsable de la corrupción, no fue sancionado.
Conclusión:
El texto de Héctor De Mauleón revela un panorama desolador de corrupción e impunidad en el penal de Atlacholoaya, donde el crimen organizado opera con total libertad, gracias a la complicidad de funcionarios corruptos a lo largo de varios gobiernos. La falta de control y la ineficacia de las instituciones encargadas de la seguridad y los derechos humanos son evidentes, demandando una investigación exhaustiva y acciones contundentes para erradicar esta situación.
