Decreto automotriz 2024

Este texto de Alicia Salgado, escrito el 4 de noviembre de 2024, analiza el anteproyecto de renovación del Decreto por el que se Regula la Importación de Vehículos Usados en México, destacando las implicaciones para la industria automotriz y la problemática del mercado de vehículos usados en el país. Se discuten las cifras de importación de vehículos nuevos y usados, la falta de regulación y el impacto en la seguridad vial y el medio ambiente.

Resumen:

• El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó con retraso un anteproyecto para renovar el Decreto de Importación de Vehículos Usados (vigente desde 2011).
• México exporta anualmente 2.5 millones de vehículos nuevos a Estados Unidos, pero importa poco más de 200 mil vehículos usados de Estados Unidos, a pesar de que se importaron 881,200 vehículos usados entre 2019 y 2023.

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• La importación de vehículos usados casi duplica la de vehículos nuevos, lo que contribuye al envejecimiento del parque vehicular mexicano y a problemas de seguridad y emisiones.
• Se regularizaron 2.5 millones de vehículos "chocolate" (usados e ilegales) hasta septiembre de 2026, bajo la administración de Rosa Icela Rodríguez (entonces titular de la SSPG) y con la firma de López Obrador.
• El anteproyecto de decreto extiende el marco regulatorio actual por un año, a pesar de que el T-MEC desgrava la importación de vehículos usados.
• La falta de un registro vehicular eficiente en México, excepto en el Estado de México y la Ciudad de México, dificulta el control y la regulación del mercado de vehículos usados.
• La Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA) representa a una parte del mercado, pero la gran cantidad de vendedores informales dificulta conocer la magnitud real del mercado de seminuevos (estimado en 4.5 millones de vehículos).

Conclusión:

El texto de Alicia Salgado revela la complejidad del mercado de vehículos usados en México, la necesidad de una regulación más efectiva y la falta de un sistema de registro vehicular eficiente. La extensión del decreto actual, sin cambios significativos, parece ser una solución temporal que no aborda las problemáticas de fondo relacionadas con la seguridad vial, la protección ambiental y la transparencia del mercado.