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Este texto, escrito por la Ministra SCJN Lenia Batres el 3 de Noviembre de 2024, analiza la evolución histórica y la situación actual del juicio de amparo en México, reflexionando sobre su capacidad para proteger los derechos sociales.

Resumen:

• El juicio de amparo, creado en México en 1861, es un procedimiento jurisdiccional fundamental para la protección de las garantías individuales, ahora identificadas como derechos humanos.
• Su creación fue impulsada por Manuel Crescencio Rendón en Yucatán en 1841, y se trasladó a nivel federal con el Acta de Reformas de 1847, promovida por Mariano Otero.
• A lo largo de su historia, ha sido regulado por ocho leyes diferentes, siendo la vigente la Ley de Amparo de 2013.

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• Inicialmente, el amparo protegía contra actos del Poder Ejecutivo, luego contra leyes generales y finalmente contra resoluciones jurisdiccionales.
• El juicio de amparo se considera un juicio liberal por excelencia, alineado con las primeras concepciones de derechos humanos surgidas en la transición de monarquías absolutas a sistemas constitucionales o republicanos.
• Los constitucionalistas mexicanos lograron una fuerte institucionalización del amparo, pero su concepción instrumental no ha evolucionado al mismo ritmo que la de los derechos sociales.
• La autora cuestiona la idea de que los derechos sociales son inaplicables, argumentando que la producción material de bienes es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de la población.
• Se propone la justicialización de los derechos sociales como una reforma secundaria para mejorar el sistema de justicia mexicano, permitiendo resolver individualmente la ausencia de satisfactores elementales.

Conclusión:

El texto de Lenia Batres destaca la importancia histórica del juicio de amparo en México, pero también resalta la necesidad de adaptarlo a la evolución de los derechos sociales. La autora propone una reforma para que el amparo pueda abordar la falta de acceso a satisfactores elementales a nivel individual, reconociendo que los programas de gobierno no son suficientes para garantizar la justicia social.