Análisis de Columna de Opinión Adiós a los organismos en Grupo Milenio

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Este texto, escrito por Eduardo González el 29 de noviembre de 2024, informa sobre la aprobación en el Senado de México de una reforma constitucional que elimina siete organismos autónomos del Estado Mexicano. La reforma busca destinar los recursos de estos organismos al Fondo de Pensiones del Bienestar. El texto presenta las posturas de dos de los organismos afectados ante esta decisión.

Resumen

Se aprobó una reforma a los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución Política de México.
La reforma elimina siete organismos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
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Se espera recaudar aproximadamente 4 mil 422 millones de pesos para el Fondo de Pensiones del Bienestar.
El INAI considera que la reasignación de sus funciones dañará la certeza jurídica y la tutela de los derechos humanos, al crear un conflicto de intereses. Sus funciones se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública, al Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, a los Órganos de control de los Organismos Autónomos y a las contralorías del Congreso de la Unión.
La Cofece, por su parte, considera que aunque se elimina su autonomía constitucional, se mantiene su independencia técnica y operativa, lo cual es fundamental para una política de competencia robusta.

Conclusión

El texto de Eduardo González presenta una visión inicial sobre las implicaciones de la eliminación de los organismos autónomos en México, destacando las diferentes posturas de algunos de los organismos afectados y las preocupaciones sobre la protección de los derechos humanos y la certeza jurídica. Se requiere mayor análisis para evaluar completamente el impacto a largo plazo de esta reforma.