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Este texto de José Lafontaine Hamui, escrito el 26 de Noviembre de 2024, analiza el estado actual del sistema de justicia penal en México, centrándose en la problemática relación entre el Ministerio Público, la policía y la investigación de delitos. El autor argumenta que el sistema actual es ineficiente y propone una reforma como solución.

Resumen:

• El Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública otorgaron nuevas facultades a las policías, pero estas no se tradujeron en cambios sustanciales.
• La investigación se basa en formatos rígidos, dejando la carga de la prueba en las víctimas. Los jueces revierten el derecho a participar activamente en la investigación, imponiendo cargas procesales a las víctimas.
• El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite impugnar las decisiones del Ministerio Público, pero la burocracia judicial retrasa los procesos.
• El Ministerio Público sigue conduciendo las investigaciones, a pesar de la incapacidad de procesar los 28 millones de delitos anuales.
• La policía mexicana, subordinada al Ministerio Público, tiene un rol pasivo en la investigación, actuando solo en casos de flagrancia o con orden judicial.
• Una reforma al artículo 21 constitucional propone incluir a la "secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal" en la investigación de delitos.
• La experiencia de la Ciudad de México, con la creación de una subsecretaría dedicada a la investigación criminal, muestra resultados positivos en la reducción de delitos de alto impacto.
• La reforma constitucional fue aprobada unánimemente en el Senado, lo que indica un amplio apoyo político.
• El éxito de la reforma dependerá de la capacitación, recursos y voluntad política para su implementación a nivel nacional.

Conclusión:

El texto de José Lafontaine Hamui presenta una crítica contundente al sistema de justicia penal mexicano, destacando la ineficiencia del modelo actual y la necesidad de una reforma estructural. La aprobación de la reforma al artículo 21 constitucional representa un paso significativo hacia una policía más activa en la investigación, aunque su éxito dependerá de su efectiva implementación a nivel nacional. La reforma, si se implementa correctamente, podría significar una transformación en la seguridad pública de México.