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Este texto, escrito por Irene Levy el 25 de noviembre de 2024, analiza las consecuencias de una reserva de último momento presentada por el diputado Ricardo Monreal que modificó el régimen de extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). La reserva, motivada por presiones de Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, buscaba evitar violaciones al T-MEC, pero generó confusión y problemas legales.

Resumen:

• El IFT y la COFECE no se fusionan, pero las atribuciones del IFT en materia de competencia económica se integran a un nuevo organismo descentralizado con autonomía técnica.
• Se creará un nuevo organismo para las atribuciones de competencia, incluyendo la regulación asimétrica de preponderancia en telecomunicaciones y radiodifusión, una función inusual para una autoridad de competencia. Su adscripción a la Secretaría de Economía es incierta.
• Las funciones de regulación del IFT pasarían a la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, un organismo centralizado.

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• De siete órganos que se extinguirían, cinco desaparecerán en 90 días tras ajustes legales. La extinción del IFT y la COFECE depende de la expedición de nuevas leyes, sin plazo definido.
• La reserva de Monreal no evita la violación del T-MEC, ya que el nuevo organismo de competencia sigue siendo parte de la administración pública y el regulador de telecomunicaciones no es autónomo del Poder Ejecutivo, como exige el tratado.
• La Presidenta de la República obtiene la facultad regulatoria en estas materias, en sustitución o concurrencia con el IFT y la COFECE, mientras estos organismos permanecen en un limbo jurídico.
• La derogación inmediata de los últimos 12 párrafos del artículo 28, que regulan el nombramiento y gobierno interno de los comisionados, deja al IFT y a la COFECE en una situación vulnerable.

Conclusión:

El texto de Irene Levy describe una situación de incertidumbre jurídica creada por una reforma constitucional confusa. La reforma deja al IFT y a la COFECE en una situación precaria, debilitando su autonomía y generando inseguridad jurídica para regulados e inversionistas. La autora cuestiona la conducta de los comisionados ante esta situación, planteando la posibilidad de su renuncia.