Lo que mal empieza no puede acabar bien

Este texto analiza las consecuencias negativas e imprevistas de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, centrándose en los problemas de financiamiento y organización de la elección de impartidores de justicia. Se critica la falta de planificación y la improvisación en el proceso, así como la disputa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Resumen

• La reforma judicial, impulsada por la obsesión de Andrés Manuel López Obrador, ha generado un lastre económico y legal para el gobierno entrante.
• Existe una gran discrepancia sobre el costo de la elección de impartidores de justicia, con estimaciones que van desde los 3 mil millones de pesos (Ricardo Monreal) hasta los 13 mil millones de pesos (INE).

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• La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ofreció una rebaja en el presupuesto sin consultar a sus pares ni estudiar en qué rubros se podría ahorrar.
• La reforma se realizó sin considerar aspectos prácticos como la geografía política, el tiempo necesario para votar y la cantidad de casillas requeridas.
• La prisa en la legislación se atribuye al deseo de dar un "regalo de despedida" a López Obrador.
• El escaso interés de los abogados en ser candidatos a juzgadores se considera una consecuencia de la mala planificación de la reforma.
• El INE solicita más tiempo para organizar la elección, lo que implicaría reconocer la improvisación de la reforma.
• La falta de recursos podría obligar al INE a reducir el número de casillas, afectando la participación ciudadana.
• El oficialismo, representado por Morena, se muestra reacio a financiar adecuadamente la elección debido a las limitaciones presupuestarias y la situación económica del país.
• El texto concluye que la reforma judicial ha sido un error con consecuencias negativas aún por verse completamente.

Conclusión

El texto de Pascal Beltrán del Río del 22 de Noviembre de 2024, evidencia las graves consecuencias de una reforma judicial impulsada por razones políticas y sin una adecuada planificación. La falta de previsión ha generado una crisis de financiamiento y organización, poniendo en riesgo la legitimidad del proceso electoral para elegir a los impartidores de justicia. La situación expone la necesidad de una mayor planificación y consideración de las implicaciones prácticas al implementar reformas de gran envergadura.