Coordinación Brugada-Congreso: reforma clave contra el despojo

Este texto, escrito por Pablo Trejo Pérez en su columna invitada para El Heraldo de México el 21 de Noviembre del 2025, aborda la reciente aprobación de reformas legislativas en la Ciudad de México destinadas a combatir la violencia patrimonial, especialmente contra las personas mayores.

La reforma busca proteger a miles de familias del despojo de sus hogares mediante documentos falsos o intimidación.

📝 Puntos clave

• Se aprobaron reformas al Código Penal, Código Civil, Ley del Notariado y Ley Registral en la Ciudad de México.
• El objetivo principal es combatir la violencia patrimonial y el despojo de hogares.

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• La iniciativa responde a la alta concentración de personas mayores en la Ciudad de México, quienes son las principales víctimas.
• El despojo patrimonial representa el 26 por ciento de las peticiones de apoyo al Consejo Ciudadano.
• La reforma fortalece el marco jurídico con herramientas para perseguir nuevas formas de despojo, reforzar la actuación del Registro Público y Notarías, reconocer derechos a poseedores legítimos y establecer sanciones más severas.
• La iniciativa es resultado de la coordinación entre el Congreso y la Jefatura de Gobierno, encabezada por Clara Brugada Molina.

🤖 Análisis con Bots

Dice IA en modo bot pesimista:

El texto, si bien celebra una victoria legislativa, no profundiza en los mecanismos de implementación ni en la posible resistencia de quienes se benefician del despojo, dejando abierta la interrogante de si las nuevas sanciones serán suficientes para disuadir a los perpetradores y si los poseedores legítimos sin escritura pública tendrán un camino ágil y seguro para regularizar su situación.

Dice IA en modo bot optimista:

La aprobación de estas reformas representa un avance significativo en la protección de los derechos patrimoniales, especialmente para la población vulnerable de personas mayores en la Ciudad de México. La ampliación del tipo penal, el refuerzo de las instituciones y el reconocimiento de derechos a poseedores legítimos son pasos firmes hacia la justicia y la certeza jurídica, dignificando la función pública y fortaleciendo el Estado de Derecho.