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Este texto de Enrique Sumuano, Contralor Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicado el 20 de noviembre de 2024 en El Heraldo de México, analiza las implicaciones de la reforma judicial en México, más allá de la simple selección de jueces. Sumuano argumenta que se necesita una visión integral que considere la administración, el presupuesto y la eficiencia del Poder Judicial.

Resumen

• La reforma judicial requiere más que cumplir requisitos formales para la selección de jueces; se necesita idoneidad y madurez profesional en los candidatos. Los Comités de Evaluación tienen un papel crucial en este proceso.
• La reforma implica una reingeniería administrativa del Poder Judicial, demandando un nuevo enfoque en la gestión del gasto público, especialmente en tiempos económicos difíciles.
• Se necesita una visión unitaria del Poder Judicial Federal, buscando el equilibrio presupuestal entre la Corte, el Órgano de Administración y el Tribunal Electoral.

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• La reforma presenta retos y oportunidades en áreas como la planeación estratégica, la gestión por resultados, la innovación, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
• Es fundamental asegurar un presupuesto adecuado no solo para la elección judicial, sino también para la operación ordinaria y el crecimiento del Poder Judicial en los 32 Circuitos Judiciales, la Ciudad de México y las Entidades Federativas.
• La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento eficiente del Poder Judicial, considerando la gran cantidad de expedientes que requieren atención. El profesionalismo de los funcionarios judiciales no es suficiente sin las condiciones materiales adecuadas.

Conclusión

Enrique Sumuano enfatiza la necesidad de una perspectiva holística de la reforma judicial en México, abogando por una administración eficiente, un presupuesto equilibrado y la consideración de las necesidades operativas del Poder Judicial para garantizar la impartición de justicia. La responsabilidad de lograr esto recae en la Cámara de Diputados.