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Este texto analiza el informe del Observatorio contra la Tortura sobre la situación de la tortura en Jalisco, México, en Noviembre de 2024, destacando la ineficacia del sistema judicial y la falta de voluntad política para combatir este delito. El texto de Gabriel Torres Espinoza presenta un panorama preocupante sobre la impunidad en casos de tortura en el estado.

Resumen:

• El informe del Observatorio contra la Tortura revela un sistema judicial ineficaz en Jalisco para garantizar justicia a las víctimas de tortura.
• A pesar de la Ley General de 2017 que obliga a prevenir, investigar y sancionar la tortura, en Jalisco solo se judicializó un caso de 133 investigaciones en proceso en 2023, involucrando a 194 víctimas.
• La mayoría de los casos son archivados por "falta de elementos", perpetuando la impunidad.
• Jalisco contrasta con la Ciudad de México, donde se iniciaron 266 investigaciones de oficio, mostrando una falta de voluntad política en Jalisco.
• La respuesta de las autoridades a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para crear una Fiscalía Especializada contra la Tortura ha sido limitada.
• La tortura en Jalisco trasciende las corporaciones de seguridad, ocurriendo en hospitales psiquiátricos, albergues y centros de atención médica, según el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
• La represión en manifestaciones, incluyendo detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas como las de Calle 14 (2020), refleja el uso de la tortura como mecanismo de control político y social.
• El 95% de los peritajes son realizados por las fiscalías, que acreditaron tortura solo en el 8.2% de los casos, mientras que los organismos públicos de derechos humanos lo acreditaron en el 68.7%, mostrando una gran brecha de credibilidad.
• Seis años después de la Ley General, Jalisco ejemplifica la inacción y la falta de voluntad política que perpetúan las violaciones a los derechos humanos, normalizando la impunidad.

Conclusión:

El texto de Gabriel Torres Espinoza presenta una crítica contundente a la situación de la tortura en Jalisco, evidenciando la ineficacia del sistema judicial y la falta de compromiso político para erradicar este grave problema de derechos humanos. La impunidad reinante exige una acción urgente y decisiva por parte de las autoridades para garantizar justicia a las víctimas y prevenir futuros casos de tortura.