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Este texto de Ivonne Melgar, escrito el 16 de noviembre de 2024, describe un debate en la cámara de diputados de México sobre una reforma constitucional que amplía la prisión preventiva oficiosa. El debate se centra en las acusaciones mutuas entre la coalición gobernante y la oposición sobre su responsabilidad en la problemática de la inseguridad y el narcotráfico en el país.

Resumen:

• Se aprobó una reforma al Artículo 19 de la Constitución de México, expandiendo los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo la extorsión y el tráfico de fentanilo. La reforma fue enviada al senado para su aprobación.
• Morena, PT y PVEM atribuyeron la situación actual a las políticas neoliberales y al gobierno de Felipe Calderón. Lilia Aguilar Gil (PT) acusó a la oposición de utilizar la prisión preventiva contra sus enemigos políticos, mencionando ejemplos como los casos de García Luna, Vallarta, Florence Cassez, Peña Nieto, y los presos políticos de Atenco.
• PAN, PRI y MC criticaron la estrategia de "abrazos, no balazos" del gobierno, señalando la debilidad de las policías locales y las fiscalías. Federico Döring (PAN) acusó al partido gobernante de ser cómplice del narcotráfico y de utilizar la propaganda para combatir la inseguridad.
• Se presentaron datos alarmantes: casi 100,000 personas están en prisión preventiva oficiosa, el 45% sin sentencia, y más del 60% menores de 35 años. La población en prisión preventiva aumentó un 25% en el sexenio anterior.
• La oposición, incluyendo a Annia Gómez (PAN) y César Alejandro Domínguez (PRI), criticó la reforma por violar la presunción de inocencia y los derechos humanos, citando el criterio del ministro Arturo Zaldívar. Marcelo Torres Cofiño (PAN) cuestionó la efectividad de la reforma ante las altas cifras de asesinatos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
• Los defensores de la reforma, como José Alejandro Peña Villa (Morena) y Ricardo Mejía Berdeja (PT), destacaron la urgencia de combatir la extorsión y el tráfico de fentanilo, presentando datos sobre el aumento de estos delitos. Ana Erika Santana González (PVEM) y Celia Fonseca Galicia (PVEM) describieron el impacto de la extorsión en Baja California y el aumento del delito en abril. Sandra Anaya Villegas (Morena) cuestionó el sexenio de Calderón por el cobro de piso en Morelos, en un comentario paradójico dado que el exgobernador Cuauhtémoc Blanco es compañero de bancada.

Conclusión:

El debate parlamentario refleja la profunda polarización política en México y la falta de consenso sobre cómo abordar la crisis de inseguridad. Si bien se presentaron datos alarmantes sobre la situación carcelaria y el aumento de la delincuencia, las acusaciones recíprocas y la falta de una evaluación objetiva de políticas pasadas impiden un análisis constructivo del problema. La aprobación de la reforma, a pesar de las preocupaciones sobre los derechos humanos, indica la prioridad del gobierno en combatir la delincuencia, aunque la efectividad de esta medida sigue siendo cuestionable.