Rank Columnas | Mail o Telegram

Este texto analiza las consecuencias internacionales de una reforma al Poder Judicial mexicano, llevada a cabo por el gobierno actual, y las críticas recibidas por parte de organismos internacionales y actores de la sociedad civil. Se destaca la falta de sustento y las implicaciones negativas para la democracia en México y la región.

Resumen

• La reforma al Poder Judicial mexicano fue criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ser inconstitucional, regresiva y carecer de un diagnóstico previo. El gobierno de Estados Unidos también expresó su preocupación.
• En audiencias de la CIDH, el gobierno mexicano, representado por José Antonio Montero, admitió que la reforma se basó en encuestas, no en un diagnóstico. Esto representa un hecho sin precedentes ante la OEA.
• El gobierno mexicano fue acusado de perseguir a jueces por motivos políticos. Carlos Bernal, comisionado de la CIDH, calificó la reforma como un ejemplo de abuso del "constitucionalismo".
• La reforma fue criticada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, la Federación Latinoamericana de Magistrados, y la Comisión Internacional de Juristas.
• Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, señaló que la reforma viola convenciones internacionales al permitir la destitución masiva de jueces.
• Carolina Villadiego (Comisión Internacional de Juristas) denunció la persecución de López Obrador contra jueces y la ministra Norma Piña.
• Andrea Pochak, relatora de la CIDH, expresó seria preocupación por la reforma y su posible violación de derechos humanos, anunciando un monitoreo.
• El embajador de Estados Unidos reveló resistencias del expresidente López Obrador para enfrentar el crimen organizado, contradiciendo la narrativa oficial.
• Moody’s bajó la calificación de México tras las controversias generadas por la reforma.

Conclusión

El texto evidencia una fuerte condena internacional a la reforma del Poder Judicial mexicano, destacando su falta de legitimidad, su impacto negativo en la democracia y la posible violación de derechos humanos. Las críticas provienen de diversas fuentes, incluyendo organismos internacionales, gobiernos extranjeros y organizaciones de la sociedad civil, lo que refuerza la gravedad de la situación. La admisión del gobierno mexicano de la falta de un diagnóstico previo para la reforma expone una falta de transparencia y planificación preocupante.