Facultades de investigación de las policías

Este texto analiza la propuesta de reforma constitucional en México presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre de 2024, que busca otorgar mayores facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), inspirándose en el modelo estadounidense. El texto compara ambos sistemas, destacando los aspectos positivos y negativos de la propuesta.

Resumen:

• La reforma propuesta por Claudia Sheinbaum busca que la SSPC coordine el Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública y lidere acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno en México.
• El modelo estadounidense, en el que se basa la propuesta, se caracteriza por la investigación policial integral, desde la recepción de denuncias hasta la recolección de pruebas, incluyendo la vigilancia electrónica y operaciones encubiertas bajo supervisión judicial.

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• En Estados Unidos, la recolección de evidencia respeta los derechos Miranda, y la evidencia obtenida ilegalmente es inadmisible.
• La supervisión judicial es crucial en el modelo estadounidense para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y la proporcionalidad de las acciones.
• La colaboración entre policías y fiscalías es fundamental para la efectividad y transparencia del sistema de justicia penal.
• En México, el principal desafío para implementar este modelo es la falta de capacitación de la SSPC y las deficiencias de las policías estatales, así como la vocación de la Guardia Nacional, que no está orientada a la investigación de delitos.
• Se requiere mayor supervisión judicial y mejor capacitación en la recolección de pruebas para enfrentar los sesgos estructurales y mejorar la calidad de las investigaciones en México.

Conclusión:

El texto argumenta que si bien el modelo estadounidense de investigación policial ofrece una estructura sólida, su implementación en México requiere abordar las deficiencias en capacitación y recursos de las fuerzas de seguridad, así como fortalecer la supervisión judicial para garantizar el respeto a los derechos humanos y la legitimidad del sistema de justicia penal. La reforma propuesta por Claudia Sheinbaum presenta una oportunidad para mejorar el sistema, pero su éxito dependerá de la inversión en capacitación y la implementación efectiva de mecanismos de supervisión.