Rank Columnas | Mail o Telegram

Este texto, escrito por Miguel Ángel Vargas el 13 de noviembre de 2024, analiza la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para la recuperación del río Atoyac, enfatizando la necesidad de voluntad política y el cumplimiento de la ley antes de las inversiones millonarias en tecnología. Se centra en la corrupción histórica que ha permitido la contaminación del río y la responsabilidad de diferentes actores involucrados.

Resumen:

• La iniciativa de Claudia Sheinbaum para rescatar el río Atoyac requiere priorizar el cumplimiento de la ley sobre las inversiones económicas.
• La contaminación del río es resultado de la complicidad de funcionarios corruptos y empresas que descargan desechos industriales sin tratamiento a lo largo de sus 200 kilómetros, desde la sierra Nevada hasta Valsequillo.
• Se señala la responsabilidad de alcaldes de municipios en Tlaxcala (Tepetitla de Lardizábal, Nativitas, Tetlahuaca, Zacatelco, Xicohtzingo, Papalotla de Xicohténcatl, Tenancingo) y Puebla (Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Salvador el Verde, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, San Miguel Xoxtla, Coronango, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, Ocoyucan y la capital de Puebla).
• La Conagua, a través de sus delegados e inspectores, también es señalada por su omisión en la vigilancia del cumplimiento de la ley.
• Expertos en ecología locales proponen priorizar el cumplimiento de los lineamientos ambientales por parte de las empresas textiles antes de invertir en nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas residuales.
• El gobernador electo Alejandro Armenta, con la indicación de Palacio Nacional, vigilará el cumplimiento de la ley y exigirá resultados a las dependencias involucradas. Se enfatiza la necesidad de que los responsables de la contaminación paguen por sus actos, sin importar su poder económico o político.

Conclusión:

El texto de Miguel Ángel Vargas destaca la urgencia de abordar la problemática de la contaminación del río Atoyac no solo con inversiones económicas, sino principalmente con la aplicación efectiva de la ley y el combate a la corrupción que ha permitido el ecocidio del río durante años. Se resalta la responsabilidad de múltiples actores, desde autoridades municipales hasta la Conagua, y la necesidad de un cambio de enfoque que priorice el cumplimiento de la legislación ambiental antes de invertir en nuevas tecnologías.