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Este texto de F. Bartolomé, escrito el 12 de Noviembre de 2024, analiza las implicaciones de la creación de una nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno en México, centrándose en sus posibles excesos y la respuesta política a la problemática de la extorsión y la inseguridad. El autor expresa preocupación por el alcance de las facultades de la nueva secretaría y el apoyo político recibido por el secretario de Seguridad.

Resumen

• La nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno tendrá acceso a todos los datos personales de los ciudadanos sin necesidad de orden judicial, lo que genera preocupación por posibles abusos e intimidaciones.
• Paradójicamente, la ley no obliga a la secretaría a fiscalizar al gobierno de manera efectiva.
• El gobierno de Clara Brugada espera que este plan contra la extorsión sea un éxito importante de su gestión.
• El secretario de Gobierno, César Cravioto, presentó el plan a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, encabezada por José de Jesús Rodríguez, recibiendo reacciones positivas.
• Se reconoce que la extorsión es un problema extendido, perpetrado por el crimen organizado, funcionarios públicos y "montachoques". El delito será perseguido de oficio.
• Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, recibió apoyo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el Senado aprobó por unanimidad una reforma constitucional que le otorga más facultades de investigación a su secretaría.
• El éxito de la estrategia de García Harfuch depende de obtener resultados rápidos, aunque cuenta con un amplio apoyo político inicial.

Conclusión

El texto de F. Bartolomé destaca la ambivalencia de la situación: si bien se busca combatir la corrupción y la extorsión con una nueva secretaría y un amplio apoyo político, existe una preocupación legítima sobre el potencial de abuso de poder y la falta de mecanismos de control efectivos sobre la misma secretaría. La efectividad de las nuevas medidas dependerá no solo de la existencia de leyes más duras, sino también de la voluntad y la capacidad de los funcionarios para aplicarlas de manera justa y eficiente.