La Corte no puede reparar el sistema penal legislando

El texto escrito por Eduardo Andrade el 11 de Noviembre del 2025, analiza las deficiencias del sistema penal adoptado en 2008 en México, centrándose en la problemática de la suspensión del juicio oral y las contradicciones en la legislación que, en lugar de agilizar los procesos, los dilatan.

El problema central radica en la confusa regulación de los plazos para la suspensión del juicio oral, generando interpretaciones contradictorias y alargando los procesos penales.

📝 Puntos clave

• El sistema penal adoptado en 2008 presenta serias deficiencias, especialmente en la regulación de la suspensión del juicio oral.
• La Suprema Corte ha analizado la recurrencia de suspensiones que exceden los diez días, lo que genera la nulidad de lo actuado y la reposición del proceso.

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• Existe una contradicción en la disposición legal, ya que busca evitar interrupciones pero termina alargando los procesos.
• El legislador actuó con negligencia al no precisar los plazos, creando un "galimatías" en el artículo que regula la suspensión de la audiencia.
• La confusa redacción permite diferentes interpretaciones sobre si los diez días son naturales o hábiles.
• La interpretación jurisprudencial de la extinta Primera Sala de la Corte contabiliza los días como hábiles para evitar la reposición integral de la audiencia.
• El autor critica la tentación de algunos ministros de legislar, excediendo sus facultades judiciales.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el principal problema que identifica el autor en el sistema penal actual?

El principal problema que identifica Eduardo Andrade es la confusa regulación de los plazos para la suspensión del juicio oral, que en lugar de agilizar los procesos, los dilata y genera interpretaciones contradictorias. Esto, a su vez, vulnera el principio de prontitud en la impartición de justicia.

¿Qué aspecto positivo destaca el autor en relación con la actuación de la Suprema Corte?

Eduardo Andrade destaca positivamente que cinco integrantes del Pleno detuvieron la "tentación legislativa" de algunos ministros, quienes buscaban dictar lineamientos normativos para los juzgadores de menor rango, excediendo sus facultades judiciales.