Análisis de Columna de Opinión Colosio, el diablo y el absurdo en Grupo Milenio

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El texto de Carlos Puig, fechado el 10 de Noviembre de 2025, relata una conferencia matutina en Palacio Nacional donde la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentan supuestas nuevas evidencias que vinculan a Genaro García Luna con el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994. El artículo critica la falta de sustento legal de estas acusaciones y sugiere que se trata de una estrategia política para desviar la atención en momentos difíciles.

El texto sugiere que la vinculación de García Luna con el asesinato de Colosio es una estrategia política sin sustento legal.

📝 Puntos clave

La presidenta Claudia Sheinbaum inicia una mañanera con una presentación de Rosa Icela Rodríguez sobre Genaro García Luna.
Rosa Icela Rodríguez afirma que García Luna, cuando trabajaba en el Cisen, estuvo involucrado en el encubrimiento del "segundo tirador", Jorge Antonio Sánchez, en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
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La FGR supuestamente encontró pruebas de que la sangre de Colosio estaba en la ropa de Sánchez, y que García Luna lo rescató de Tijuana.
Carlos Puig critica que estas acusaciones ya habían sido adelantadas por López Obrador y Gertz sin éxito, debido a la falta de pruebas.
El autor sugiere que revivir este caso es una estrategia política para culpar a García Luna de todo, a pesar de la falta de evidencia.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La falta de sustento legal y la manipulación política de un caso tan sensible como el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Se critica que se utilicen acusaciones sin pruebas sólidas para desviar la atención de problemas reales, reviviendo un caso que ya había sido investigado sin resultados concluyentes.

¿Existe algún aspecto positivo o rescatable en la información presentada?

No se identifica ningún aspecto positivo en el texto. La crítica se centra en la manipulación de la información y la falta de rigor legal en las acusaciones presentadas por el gobierno.