El texto escrito por Gabriel Torres Espinoza el 31 de octubre de 2024 analiza el legado de la LXIII Legislatura del Congreso de Jalisco, destacando su ineficiencia y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Resumen
La LXIII Legislatura del Congreso de Jalisco ha sido criticada por su exorbitante nómina, que supera el doble del Congreso de Chile y el 61% más que la Asamblea de Representantes de Nueva York.
El presupuesto del Congreso de Jalisco para 2024 alcanzó mil 18 millones de pesos, de los cuales el 90% se destina a la nómina, que ha aumentado un 4.1% respecto al año anterior.
La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) ha detectado irregularidades en el manejo de los recursos del Congreso, incluyendo pagos injustificados a empleados, un asistente parlamentario que recibió más de lo debido y pagos sin soporte documental.
El Congreso ha reportado gastos cuestionables por más de 8 millones de pesos, incluyendo contratos de desazolve duplicados, servicios de mensajería, monitoreo de medios y mantenimiento de cámaras de seguridad sin la debida acreditación.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha diagnosticado una nómina sobredimensionada en el Congreso de Jalisco, con más de 600 empleados que no cumplen funciones esenciales.
La LXIII Legislatura ha dejado sin resolver temas cruciales para los jaliscienses, como la creación de una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la implementación de una red de alertadores de trata de personas y el establecimiento de un reglamento de escalafón.
La falta de avance en la legislación contra la violencia vicaria, una forma de violencia de género en la que se utiliza a los hijos o familiares para dañar a la mujer, es otro de los pendientes de la LXIII Legislatura.
Conclusión
La LXIII Legislatura del Congreso de Jalisco concluye con un saldo poco favorable, marcado por la ineficiencia, la falta de transparencia y la escasa voluntad política para concretar acuerdos. El próximo Congreso deberá superar este legado negativo y trabajar para garantizar la eficiencia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
