Creadores de leyes… inútiles

El texto de Salvador Camarena, publicado el 29 de octubre de 2025, reflexiona sobre la reciente aprobación de una ley general contra la extorsión en México y cuestiona su efectividad en un contexto de creciente control territorial por parte del crimen organizado y la debilidad de las instituciones. El autor utiliza ejemplos como el huachicol de cigarros y la venta ilegal de medicinas para ilustrar cómo la falta de aplicación de las leyes existentes es un problema mayor que la necesidad de crear nuevas.

La aprobación unánime de la ley contra la extorsión por 456 legisladores genera dudas sobre su impacto real en la lucha contra este delito.

📝 Puntos clave

• La Cámara de Diputados aprobó una ley general en materia de extorsión a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
• El autor cita la declaración de un integrante del Sistema Universitario Jesuita en 2022, quien describió a México como un "Estado fallido" debido al control territorial del crimen organizado.

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• Se mencionan ejemplos como las carreteras de Guanajuato controladas por criminales y los asesinatos de productores citrícolas en Veracruz y Michoacán para ilustrar la persistencia del problema.
• El autor critica la tendencia a crear nuevas leyes sin garantizar el cumplimiento de las existentes, utilizando como ejemplos el huachicol de cigarros y la venta ilegal de medicinas.
• Se destaca la falta de denuncia en los ministerios públicos y la impunidad como obstáculos para la aplicación efectiva de las leyes.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el principal problema que plantea el texto en relación con la nueva ley antiextorsión?

La principal crítica es que la ley, por sí sola, no resolverá el problema de la extorsión si no se fortalecen las instituciones, se garantiza la denuncia y se combate la impunidad. La ley será inútil si no se traduce en resultados tangibles que cambien la realidad del "Estado fallido".

¿Existe algún aspecto positivo que se pueda rescatar de la aprobación de la ley, según el autor?

El autor reconoce que la ley tiene aspectos positivos, como la homologación a nivel estatal de procedimientos, mecanismos de alerta, tipificaciones y penas. Sin embargo, insiste en que esto no es suficiente si no se acompaña de una aplicación efectiva y un cambio en la cultura de impunidad.