El texto de Katharina Pistor, publicado el 29 de octubre de 2024, analiza la creciente privatización de la ciencia y la tecnología, utilizando como ejemplos el veto del gobernador de California, Gavin Newsom, a un proyecto de ley de seguridad de la inteligencia artificial y la concesión del Premio Nobel de Química a investigadores de Google.
Resumen
Pistor argumenta que la concesión del Premio Nobel a David Baker, Demis Hassabis y John M. Jumper, empleados de Google y su empresa derivada Isomorphic Labs, legitima la privatización de la ciencia.
El proyecto de ley de seguridad de la IA de California pretendía responsabilizar a los desarrolladores de los daños potenciales de sus modelos de IA, pero fue vetado por Newsom debido a la presión de la industria tecnológica, que argumentó que las regulaciones frenarían la innovación.
Pistor critica la lógica de la industria tecnológica, que considera los costos de oportunidad de la regulación más perjudiciales que los daños potenciales de la IA.
La decisión de la Real Academia Sueca de Ciencias de otorgar el Premio Nobel a investigadores de Google es significativa porque, históricamente, el premio se ha otorgado a profesores universitarios o investigadores de instituciones públicas.
Pistor destaca que, aunque AlphaFold2, el modelo de IA que les valió el premio a Hassabis y Jumper, está disponible públicamente, DeepMind tiene patentes sobre la tecnología, lo que significa que la empresa tiene el control final sobre su uso.
Pistor argumenta que los datos utilizados para entrenar AlphaFold2 provienen del dominio público y fueron recopilados y organizados por científicos financiados por los contribuyentes.
Pistor critica la tendencia a menospreciar el papel de los gobiernos en la innovación científica y tecnológica, argumentando que el sector privado a menudo se beneficia del trabajo realizado por científicos financiados con fondos públicos.
Conclusión
Pistor concluye que la creciente privatización de la ciencia y la tecnología plantea preocupaciones sobre el acceso a la innovación y el control sobre su uso. Argumenta que los gobiernos deben desempeñar un papel más activo en la promoción de la investigación científica y en la regulación de la tecnología para garantizar que los beneficios de la innovación se compartan de manera equitativa.
