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El texto de Katharina Pistor, publicado el 29 de octubre de 2024, analiza la creciente privatización de la ciencia y la tecnología, utilizando como ejemplos el veto del gobernador de California, Gavin Newsom, a un proyecto de ley de seguridad de la inteligencia artificial y la concesión del Premio Nobel de Química a investigadores de Google.

Resumen

• Pistor argumenta que la concesión del Premio Nobel a David Baker, Demis Hassabis y John M. Jumper, empleados de Google y su empresa derivada Isomorphic Labs, legitima la privatización de la ciencia.
• El proyecto de ley de seguridad de la IA de California pretendía responsabilizar a los desarrolladores de los daños potenciales de sus modelos de IA, pero fue vetado por Newsom debido a la presión de la industria tecnológica, que argumentó que las regulaciones frenarían la innovación.
• Pistor critica la lógica de la industria tecnológica, que considera los costos de oportunidad de la regulación más perjudiciales que los daños potenciales de la IA.

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• La decisión de la Real Academia Sueca de Ciencias de otorgar el Premio Nobel a investigadores de Google es significativa porque, históricamente, el premio se ha otorgado a profesores universitarios o investigadores de instituciones públicas.
• Pistor destaca que, aunque AlphaFold2, el modelo de IA que les valió el premio a Hassabis y Jumper, está disponible públicamente, DeepMind tiene patentes sobre la tecnología, lo que significa que la empresa tiene el control final sobre su uso.
• Pistor argumenta que los datos utilizados para entrenar AlphaFold2 provienen del dominio público y fueron recopilados y organizados por científicos financiados por los contribuyentes.
• Pistor critica la tendencia a menospreciar el papel de los gobiernos en la innovación científica y tecnológica, argumentando que el sector privado a menudo se beneficia del trabajo realizado por científicos financiados con fondos públicos.

Conclusión

Pistor concluye que la creciente privatización de la ciencia y la tecnología plantea preocupaciones sobre el acceso a la innovación y el control sobre su uso. Argumenta que los gobiernos deben desempeñar un papel más activo en la promoción de la investigación científica y en la regulación de la tecnología para garantizar que los beneficios de la innovación se compartan de manera equitativa.