El texto de Luis Carlos Ugalde publicado el 23 de octubre de 2024 en REFORMA analiza la situación actual de la reforma judicial en México, centrándose en la controversia entre el gobierno y el poder judicial.
Resumen
El gobierno ha anunciado su desacato a la suspensión de la reforma judicial otorgada por una jueza, argumentando que nadie puede "detener la voluntad del pueblo de México".
La Suprema Corte está analizando diversas impugnaciones a la reforma, y podría invalidarla por violación de procedimiento, contradicción con principios constitucionales o violación de tratados internacionales.
Si la Corte invalida la reforma, el gobierno y el Congreso podrían desacatar la sentencia, organizando la elección judicial de junio de 2025 y llevando a cabo juicios políticos contra los ministros que votaron a favor de la invalidación.
La reforma judicial es una realidad política, pero aún no jurídica. Lo que está en juego es si se impone por la fuerza o se implementa respetando la legalidad y los derechos de terceros.
Luis Carlos Ugalde argumenta que la legitimidad de la reforma no solo depende del número de votos legislativos, sino del procedimiento.
Legitimar la reforma significa desahogar todas las impugnaciones, respetar los derechos de las partes afectadas y ejecutarla para proteger la memoria institucional, reclutar jueces de calidad y lograr un proceso electoral sin problemas.
El desacato a las órdenes judiciales dañaría la legitimidad de la reforma y pondría en duda el compromiso del gobierno con la inversión privada.
La iniciativa presentada para impedir la impugnación de reformas constitucionales por razones de forma o fondo es una mala señal, ya que significaría que el Congreso puede enmendar la Constitución sin respetar el procedimiento o los derechos humanos.
Conclusión
El texto de Luis Carlos Ugalde expone la tensión entre el gobierno y el poder judicial en México en torno a la reforma judicial. El autor argumenta que la legitimidad de la reforma depende del procedimiento y del respeto a la legalidad, y que el desacato a las órdenes judiciales tendría consecuencias negativas para el país.
