El texto de Giovanni Lepri, representante en México de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, escrito el 18 de Octubre del 2024, analiza la situación del sistema de asilo en México y los retos que enfrenta el gobierno entrante.
Resumen
México se ha convertido en un referente en protección internacional en la región y a nivel global, recibiendo más de medio millón de solicitudes de asilo en el sexenio que concluyó.
El sistema de asilo se ha fortalecido desde 2018, con la COMAR cuadruplicando su capacidad de procesamiento, abriendo nuevas oficinas y simplificando procedimientos.
La mayoría de las personas que solicitan asilo en México provienen de Honduras, Guatemala, Haití, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Ecuador y Cuba, huyendo principalmente de la violencia.
La creciente presión sobre el sistema de asilo se debe también a la devolución de personas desde Estados Unidos, donde las dificultades de acceso y estadía han aumentado.
México ha logrado integrar a más de 45 mil personas refugiadas, quienes contribuyen a la economía, la cultura y las comunidades.
Sin embargo, persisten retos como la falta de documentación migratoria para las personas solicitantes de asilo y refugiadas, la dependencia de financiamiento externo de la COMAR, la limitada inclusión financiera y la falta de alternativas para regularizar a quienes no califican como refugiados.
El desplazamiento interno es una realidad en México, pero no existe una ley federal para caracterizarlo, identificar atribuciones y asegurar respuestas.
Lepri destaca la importancia de un marco normativo sólido, un procedimiento justo y eficaz, un presupuesto suficiente, una ruta clara de acceso a servicios y documentación, un narrativo basado en hechos que favorezca la inclusión y una atención especial a grupos poblacionales por su edad, género y diversidad.
Conclusión
Lepri considera que México tiene los elementos necesarios para recibir, estabilizar e integrar a un elevado número de personas que llegan irregularmente, pero es necesario consolidar los resultados y asegurar la continuidad del sistema de asilo. Para ello, se requiere la colaboración de instituciones públicas, agencias del Sistema de Naciones Unidas, donantes, sociedad civil, sector privado, comunidad académica, medios de comunicación y, sobre todo, las personas refugiadas.
