El texto de Dania Ravel, Consejera del INE, publicado en El Heraldo de México el 1 de octubre de 2024, aborda los desafíos que enfrenta el INE para organizar el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 (PEE), establecido por la reforma constitucional del 16 de septiembre de 2024.
Resumen
El PEE implica la elección de la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 2 magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la mitad de las magistraturas de circuito, juezas y jueces de distrito, y la totalidad de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
El INE enfrenta el reto de organizar el PEE sin contar con la legislación secundaria, la cual es responsabilidad del Poder Legislativo.
Se requiere la presupuestación de las actividades del PEE para 2025 y un análisis de las actividades a realizar durante el último trimestre de 2024, incluyendo la revisión de los recursos disponibles.
La determinación del Marco Geográfico Electoral para el PEE es otro desafío, ya que el marco actual es incompatible para la elección de magistraturas de los Tribunales Colegiados de Circuito y de las y los jueces de distrito.
A pesar de los desafíos, el INE ha avanzado en la emisión de Acuerdos para cumplir con el mandato constitucional, como la aprobación de modificaciones al Reglamento de Sesiones del Consejo General para homologarlo con la reforma constitucional.
El INE ha dado inicio formalmente a la etapa preparatoria del PEE con la creación de una Comisión Temporal que se encargará de ejecutar las actividades necesarias para el proceso.
El INE se encuentra obligado a cumplir con el mandato constitucional y enfrentará el PEE con profesionalismo, fortaleciendo el Estado de Derecho.
Conclusión
El texto de Dania Ravel destaca la importancia del INE como autoridad del Estado Mexicano y su compromiso con la organización del PEE, a pesar de los desafíos que enfrenta. La Consejera del INE enfatiza la necesidad de trabajar con profesionalismo para garantizar la legitimidad del proceso electoral y fortalecer el Estado de Derecho.
