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Este texto de Denise Dresser, publicado el 6 de enero de 2025, critica la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México, aprobada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, calificándola de autoritaria y populista. Dresser argumenta que esta medida afecta desproporcionadamente a la población vulnerable, mientras que los criminales de cuello blanco permanecen impunes.

70% de las personas en prisión preventiva oficiosa son pobres, con trabajos precarios y educación básica.

Resumen:

• La aprobación de la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa por el gobierno de Claudia Sheinbaum es calificada como un acto autoritario disfrazado de progresismo.
• Se critica la facilidad con la que se puede encarcelar a personas acusadas de delitos como delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, o delitos contra la seguridad nacional, sin necesidad de una investigación exhaustiva.
• Se destaca que el 70% de las personas en prisión preventiva oficiosa son pobres, con trabajos precarios y baja educación, demostrando el impacto desproporcionado en la población vulnerable.
• Se mencionan datos del INEGI que muestran que un alto porcentaje de los presos son trabajadores artesanales, choferes, campesinos o pescadores.
• Se señala que esta medida ha llevado al encarcelamiento de 300 personas al día y a la privación de la presunción de inocencia a 130,000 ciudadanos.
• Se critica la ineficacia de la medida para combatir la delincuencia de cuello blanco, mientras que afecta a la población más vulnerable.
• Se menciona la falta de información sobre la actuación de la Guardia Nacional en los procesos de aprehensión, investigación y traslado de los detenidos.
• Dresser compara la situación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señalando que ambos disfrazan el autoritarismo de progresismo.
• Se cita a Luis Tapia en relación al Artículo 19 de la Constitución.
• Se mencionan las investigaciones de Animal Político e Intersecta.
• Se hace referencia a casos de corrupción como Segalmex, las empresas fantasma de Cuitláhuac García y las adjudicaciones corruptas del Tren Maya.

Conclusión:

• La medida aprobada por el gobierno de Claudia Sheinbaum es profundamente injusta y afecta desproporcionadamente a la población más vulnerable de México.
• El gobierno utiliza el miedo para justificar medidas autoritarias, presentándolas como progresistas.
• La falta de transparencia y rendición de cuentas en los procesos de detención e investigación agrava la situación.
• La medida no combate eficazmente la delincuencia organizada, sino que criminaliza a los más desfavorecidos.
• Se vislumbra un futuro con más personas encarceladas y menos justicia en México.