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Este texto, escrito por Alfonso Pérez Daza el 31 de enero de 2025, analiza las implicaciones legales en México de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero del mismo año, que busca incluir a los cárteles de la droga mexicanos en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos.

La orden ejecutiva de Donald Trump podría llevar a la confiscación de bienes y cuentas bancarias en Estados Unidos de empresas y ciudadanos que apoyen a los cárteles.

Resumen:

• La orden ejecutiva del presidente Donald Trump declara a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas.
• Esto permite a Estados Unidos perseguir legalmente a empresas y ciudadanos estadounidenses que brinden "apoyo material" a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación.
• Las consecuencias iniciales se centrarán en el aseguramiento y confiscación de bienes dentro de Estados Unidos.

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• Para acciones legales fuera del territorio estadounidense, se requiere cooperación internacional.
• La obra "La Asistencia Jurídica Penal Internacional", coescrita por Alfonso Pérez Daza y su hermano Abraham Pérez Daza, explica la importancia de la asistencia jurídica internacional en la lucha contra el crimen organizado.
• El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus órganos regionales juegan un papel crucial en la lucha contra el lavado de dinero.
• El caso "Speed Joyeros" en Panamá ilustra cómo las autoridades estadounidenses pueden colaborar con otros países para decomisar bienes relacionados con el narcotráfico. Este caso involucró más de 100 millones de dólares anuales en operaciones comerciales ilícitas.
• Se espera que las empresas con intereses en Estados Unidos o que operan en México refuercen sus estrategias de cumplimiento normativo para prevenir el lavado de dinero.

Conclusión:

• La decisión de Donald Trump tiene importantes implicaciones legales para México y Estados Unidos.
• Se requiere una mayor cooperación internacional para combatir eficazmente el narcotráfico y el lavado de dinero.
• Las empresas deben fortalecer sus medidas de cumplimiento normativo para evitar sanciones.
• La lucha contra el crimen organizado transnacional exige una respuesta coordinada a nivel internacional.