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El siguiente texto resume un artículo escrito por Martha Bárcena Coqui el 28 de enero de 2025, sobre la propuesta de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) por parte del gobierno de Estados Unidos.

Un dato importante: La designación de los cárteles como FTO se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y la Orden Ejecutiva 13224, ampliando las sanciones más allá del crimen organizado transnacional.

Resumen:

• Se analiza la propuesta de designar a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) por parte del gobierno de Estados Unidos.
• Se describe la legislación estadounidense aplicable, incluyendo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y la Orden Ejecutiva 13224 (IEEPA).
• La INA requiere que la organización sea extranjera, participe en actividad terrorista o tenga la capacidad e intención de hacerlo, y que dicha actividad amenace la seguridad de ciudadanos estadounidenses o de Estados Unidos.
• La Orden Ejecutiva 13224 permite imponer sanciones económicas y financieras a grupos que representen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, política exterior o economía de Estados Unidos.
• La designación de los cárteles como FTO se justifica por su amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, su vínculo con gobiernos extranjeros y actores extra hemisféricos, y su infiltración en gobiernos del continente americano.
• El objetivo es la eliminación total de la presencia de los cárteles en Estados Unidos y la protección de los estadounidenses y la integridad territorial de Estados Unidos.
• El proceso de designación incluye consultas con varios secretarios del gobierno de Estados Unidos, incluyendo al Secretario de Estado, Secretario del Tesoro, Secretario de Seguridad Interior, Fiscal General y Director de Inteligencia Nacional.
• Se mencionan posibles sanciones, incluyendo la expulsión inmediata de individuos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789.

Conclusión:

• La designación de los cárteles como FTO es un proceso complejo con implicaciones significativas para México y Estados Unidos.
• La decisión se basa en una interpretación amplia de la legislación antiterrorista estadounidense.
• Las sanciones podrían tener un impacto económico y político considerable.
• La falta de amistad entre los funcionarios de Estados Unidos mencionados y México podría afectar el proceso.