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Este texto de Pablo Zárate, escrito el 27 de Enero de 2025, analiza la ineficacia de las medidas gubernamentales mexicanas contra el huachicol (robo de combustible) y las implicaciones de la creciente atención de Estados Unidos al problema. Se destaca la contradicción entre las declaraciones oficiales sobre la disminución del huachicol y las cifras que revelan su persistencia y magnitud.

El huachicol representa la fuente de ingresos no relacionados con la droga más importante para los carteles mexicanos, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Resumen

• El informe del SAT de 2022 mostró una disminución del huachicol, pero reveló que el robo de combustible seguía siendo significativo (182,739 barriles diarios), contradiciendo las afirmaciones de su erradicación.
• El alto IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios) incentiva el contrabando de gasolina.
• El uso indebido de partidas arancelarias sigue siendo un problema, a pesar de las medidas del SAT y SENER.

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• La OFAC (Office of Foreign Asset Control) de Estados Unidos sancionó a individuos y empresas vinculados al huachicol, reconociéndolo como una fuente principal de ingresos para los cárteles mexicanos.
• La declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs) por el presidente Trump aumenta las consecuencias de cualquier transacción relacionada con el mercado ilegal de combustibles.
• La cooperación entre México y Estados Unidos es crucial para combatir el huachicol, mejorando la investigación y el cumplimiento de la ley.
• Empresas en el sector de petrolíferos deben aumentar sus medidas de cumplimiento (compliance) para evitar riesgos.

Conclusión

• La persistencia del huachicol exige una reevaluación de las estrategias mexicanas.
• La creciente presión de Estados Unidos representa un punto de inflexión en la lucha contra el huachicol.
• La cooperación internacional es esencial para una solución efectiva.
• Las empresas deben priorizar el cumplimiento normativo para mitigar riesgos.
• La falta de cooperación de las autoridades mexicanas con Estados Unidos representaría una oportunidad perdida para combatir el problema.