Registro celular reprueba el test de proporcionalidad

El texto de Diana N. Ronquillo, publicado el 21 de Enero del 2026, analiza las fallas y la inconstitucionalidad del registro de líneas celulares implementado en México. La autora critica la forma en que se diseñó la medida, ignorando advertencias de especialistas y antecedentes similares, y argumenta que su propósito nunca fue claramente justificado legalmente.

La medida ha probado su inconstitucionalidad a pocos días de su creación, impulsando un mercado negro de robo de identidad.

📝 Puntos clave

• El registro de líneas celulares, implementado el 9 de enero, ha generado escándalos por sus fallas.
• La Presidenta atribuye la responsabilidad a las compañías celulares, pero la autora señala un mal diseño legislativo.

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• Morena ignoró advertencias de especialistas y antecedentes similares.
• La medida se incorporó de último minuto en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
• Se cuestiona la constitucionalidad de la medida a través del "test de proporcionalidad".
• El registro ha detonado un mercado negro de chips preregistrados, evidenciando su ineficacia y ampliando el uso ilícito de tecnologías.

🤖 Análisis con IA

Dice IA en modo pesimista:

El texto expone una profunda crítica a la improvisación legislativa y la falta de análisis previo en la implementación de políticas públicas. La inconstitucionalidad del registro de celulares, evidenciada por la creación de un mercado negro de robo de identidad, subraya la ineficacia de la medida y la negligencia en la consideración de advertencias y antecedentes. La autora sugiere que la priorización de plazos y sanciones sobre la justificación legal y la proporcionalidad ha llevado a un resultado contraproducente y perjudicial para los derechos de los ciudadanos.

Dice IA en modo optimista:

A pesar de las fallas iniciales, el texto ofrece una oportunidad para la reflexión y la mejora de los procesos legislativos. La aplicación del "test de proporcionalidad" y la identificación de la inconstitucionalidad de la medida, aunque negativa en su resultado, demuestran la existencia de mecanismos para evaluar la legalidad y efectividad de las políticas. La crítica constructiva y la evidencia de los efectos adversos pueden servir como un llamado de atención para futuras iniciativas, promoviendo un enfoque más riguroso y considerado en la formulación de leyes.