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Este texto de Salvador Romero Espinosa, publicado el 21 de enero de 2025, analiza las consecuencias de la extinción del INAI y los institutos de transparencia locales en México, centrándose en el impacto en los municipios y la redistribución de funciones a las contralorías municipales.

La reforma constitucional deja a los municipios sin apoyo presupuestal para asumir las funciones del INAI, creando una situación vulnerable para la transparencia y el acceso a la información.

Resumen

• La extinción del INAI y los institutos locales de transparencia obligará a las contralorías estatales y municipales a absorber sus funciones, según el artículo 116, fracción VIII, de la Constitución Federal.
• Se necesitarán periodos de transitoriedad en las leyes estatales para que los ayuntamientos se preparen reglamentaria y presupuestalmente, lo que implica que los institutos locales podrían seguir funcionando por un tiempo después del 21 de junio.
• La reforma deja a los municipios sin apoyo presupuestal para asumir las nuevas responsabilidades, a pesar de que son los gobiernos más cercanos a la ciudadanía y abarcan a la mayoría de los sujetos obligados en materia de transparencia.
• La falta de supervisión externa a nivel estatal sobre la autonomía municipal en materia de transparencia genera una situación de riesgo.
• Cada ayuntamiento deberá contar con un área especializada en transparencia dentro de sus contralorías, a pesar de que la mayoría cuenta con pocos recursos humanos.
• Más del 90% de los municipios en México tienen menos de 70.000 habitantes, lo que dificulta aún más la implementación de las nuevas responsabilidades.
• La nueva configuración constitucional deja a los municipios completamente desprotegidos.
• Las consecuencias negativas afectarán a la ciudadanía, las contralorías y a las autoridades municipales, quienes podrían enfrentar consecuencias legales y políticas.
• La posibilidad de que las autoridades se conviertan en "juez y parte" en la resolución de inconformidades ciudadanas aumenta el riesgo de clasificaciones ilegales de información.
• La judicialización de la transparencia, a través de amparos, se incrementará, lo que implica un proceso más lento y costoso, además de la amenaza de sanciones para las autoridades que incumplan las ejecutorias de amparo (artículo 198).

Conclusión

• La extinción del INAI y los institutos locales de transparencia generará importantes desafíos para la transparencia y el acceso a la información en México.
• La falta de apoyo presupuestal y la sobrecarga de trabajo en las contralorías municipales ponen en riesgo la efectiva tutela de estos derechos fundamentales.
• La judicialización de la transparencia es inevitable, lo que tendrá consecuencias negativas para todas las partes involucradas.
• Se requiere una urgente revisión de la reforma constitucional para evitar un colapso en el sistema de transparencia y acceso a la información pública en México.