Un nuevo esquema normativo del derecho a saber

El texto de Blanca Ibarra, escrito el 21 de Enero de 2025, analiza la evolución del derecho de acceso a la información en México, desde su incorporación en la Constitución hasta la necesidad de una nueva legislación secundaria. Se destaca la importancia de la participación ciudadana y la colaboración entre la sociedad civil, el gobierno y los legisladores en este proceso.

El texto enfatiza la importancia del derecho a la información como base de otras libertades y derechos humanos, así como para el desarrollo económico y social.

Resumen

• En 1977, se incorporó el derecho de acceso a la información en la Constitución de México, inicialmente enfocado en la pluralidad ideológica en los medios para los partidos políticos.
• Entre 1985 y 1996, el tema se debatió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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• En 2001, el Grupo Oaxaca impulsó la agenda nacional sobre la libertad de información, abogando por un derecho ciudadano al acceso a la información gubernamental, un régimen de excepciones mínimas, obligaciones y sanciones para el Estado, y una autoridad independiente.
• En junio de 2002, se aprobó la primera ley secundaria en la materia.
• En 2014, una reforma constitucional incrementó el catálogo de sujetos obligados y otorgó autonomía al instituto garante (INAI).
• El texto finaliza enfatizando la necesidad de una nueva legislación secundaria que considere los retos de la digitalización y garantice los principios de progresividad de los derechos humanos y pro persona, con la participación activa de la sociedad en su seguimiento y monitoreo.

Conclusión

• El derecho a la información ha evolucionado significativamente en México desde 1977, gracias a la colaboración entre la sociedad civil, el gobierno y los legisladores.
• La nueva legislación secundaria debe adaptarse a los desafíos de la era digital, garantizando el acceso a información veraz, confiable, oportuna, congruente, actualizada, accesible, comprensible y verificable.
• La participación ciudadana es crucial para el monitoreo y seguimiento de las propuestas legislativas, asegurando que el derecho a la información se mantenga como un pilar fundamental de la democracia mexicana.