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Este texto, escrito por Javier Coello el 20 de Enero de 2025, analiza el impacto negativo de la reforma al artículo 19 constitucional en el sector privado mexicano, específicamente en el comercio exterior, a partir de la implementación de la prisión preventiva oficiosa. Se argumenta que esta reforma genera un clima de inseguridad jurídica e injusticia.

La reforma al artículo 19 constitucional, vigente desde el 1 de enero de 2025, reinstaurando la prisión preventiva oficiosa, impacta negativamente al sector privado mexicano.

Resumen

• La reforma al artículo 19 constitucional, vigente desde el 1 de enero de 2025, reinstaura la prisión preventiva oficiosa para delitos como contrabando y emisión de comprobantes fiscales falsos.
• Esta reforma obliga a una aplicación literal de la ley, sin permitir interpretaciones análogas, lo que aumenta el riesgo para personas inocentes.
• Los agentes aduanales son particularmente vulnerables, ya que pueden ser imputados y encarcelados por errores o mentiras de sus clientes, aun sin responsabilidad directa.
• La Fiscalía General de la República podría usar esta reforma para ejercer presión y obtener pagos exorbitantes del fisco.
• La reforma genera un clima de incertidumbre, desconfianza, desincentiva la inversión y convierte al comercio exterior en una actividad de alto riesgo.
• La medida es desproporcionada, ya que los delitos económicos no representan una amenaza directa a la seguridad pública.
• La reforma crea un "terrorismo fiscal", donde el sector privado opera bajo amenazas constantes.
• La incapacidad del gobierno para aplicar la ley de manera justa y eficiente es el verdadero problema, no la ley en sí.
• La reforma prioriza el control e intimidación sobre el desarrollo económico y la justicia.
• La reforma ignora los principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Conclusión

• La reforma al artículo 19 constitucional tiene consecuencias devastadoras para el sector privado mexicano, especialmente en el comercio exterior.
• El gobierno mexicano prioriza el control y la intimidación sobre el desarrollo económico y la justicia.
• Se necesita una aplicación más justa y eficiente de la ley, en lugar de medidas represivas como la prisión preventiva oficiosa.
• La reforma genera un ambiente de "terrorismo fiscal" que perjudica la economía del país.