Privatización de la justicia

El texto de Fernando Rangel De León, escrito el 2 de enero de 2025, analiza la problemática de la lentitud en la impartición de justicia en México y una propuesta de reforma constitucional para delegar funciones judiciales a notarios públicos. Se cuestiona la viabilidad y constitucionalidad de esta propuesta, considerando el posible impacto en el acceso a la justicia gratuita.

La propuesta de reforma constitucional busca facultar a los notarios públicos para impartir justicia en ciertos tipos de juicios.

Resumen

• La Constitución de México establece el derecho a la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, impartida por los juzgados y tribunales.
• La sobrecarga de trabajo en los juzgados y tribunales provoca retrasos en las audiencias, violando el principio de justicia pronta.

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• Se propone una reforma constitucional en la Cámara de Diputados en febrero de 2025 para que los notarios públicos impartan justicia en juicios de divorcio, sucesorios, traslados de dominio, adjudicaciones y otros.
• La principal preocupación es si los notarios impartirán justicia de forma gratuita, ya que cobran honorarios por sus servicios, algunos de ellos excesivamente elevados.
• Si los notarios cobran por impartir justicia, se estaría privatizando este servicio, lo que contraviene la Constitución.

Conclusión

• La lentitud en la impartición de justicia es un problema grave en México.
• La propuesta de delegar funciones judiciales a los notarios públicos presenta un dilema entre la necesidad de agilizar la justicia y el derecho constitucional a la justicia gratuita.
• La reforma constitucional debe considerar cuidadosamente la posibilidad de privatizar la justicia y sus implicaciones para el acceso a la misma por parte de todos los mexicanos.
• Es necesario encontrar una solución que garantice tanto la eficiencia como la equidad en el acceso a la justicia.