Rank Columnas | Mail o Telegram

Este texto de Mariana Campos, escrito el 17 de Enero de 2025, analiza las consecuencias de la reforma al Poder Judicial y la extinción de organismos autónomos en México, centrándose en el impacto de la reforma al Infonavit. Se argumenta que estas acciones debilitan los mecanismos de gobernanza democrática y ponen en riesgo los derechos de los ciudadanos.

La reforma al Infonavit busca debilitar los mecanismos de contrapeso y representa un grave riesgo de pérdida patrimonial para los trabajadores.

Resumen:

• La reforma al Poder Judicial en México ha debilitado el contrapeso al Ejecutivo y Legislativo, dominados por Morena. Esto ha resultado en la salida masiva de cientos de jueces federales.
• La reforma al Infonavit es un ejemplo de cómo el gobierno busca debilitar los mecanismos de gobernanza democrática.
• La reforma propone que el Infonavit pueda usar el patrimonio ahorrado de la subcuenta de vivienda de los trabajadores, creando un "Fondo Nacional de la Vivienda".
• Esto implica un riesgo de pérdida patrimonial para los trabajadores, ya que los recursos se usarán en proyectos de construcción con un mayor riesgo, reduciendo los rendimientos.
• La reforma disminuye el peso de los trabajadores y empresarios en los comités de transparencia y auditoría del Infonavit, aumentando el control gubernamental.
• La justificación oficial es la construcción de un millón de viviendas con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), pero la verdadera motivación es la consolidación de una base político-clientelar.
• El Infonavit es un ejemplo de una institución que aún cuenta con mecanismos para limitar el uso discrecional de recursos públicos, pero que está siendo debilitada.

Conclusión:

• La reforma al Poder Judicial y la extinción de organismos autónomos en México representan una amenaza a la gobernanza democrática.
• La reforma al Infonavit es un caso emblemático de cómo el gobierno busca consolidar el poder a expensas de los derechos y recursos de los ciudadanos.
• Es necesario defender los mecanismos de transparencia, vigilancia y auditoría para evitar la explotación de bienes públicos y privados.
• Se debe aspirar a la mejora, no al debilitamiento o extinción, de los mecanismos que protegen los derechos de los ciudadanos.